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MensajearTanhuato, Mich., a 14 de enero de 2026.— Lo que comenzó como una sesión “extraordinaria” de cabildo terminó por destapar un presunto esquema de corrupción que hoy tiene en el banquillo de los acusados a la ex presidenta municipal de Tanhuato, María Francisca “N”, al ex síndico Epifanio “N” y al ex secretario del Ayuntamiento, Hugo “N”.
Un Juez de Control los vinculó a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de peculado, uso indebido de documentos y ejercicio ilícito del servicio público, tras revelarse que, presuntamente, desaparecieron bienes municipales valuados en más de 2 millones 200 mil pesos.
De acuerdo con la investigación ministerial, el 22 de mayo de 2024, en plena recta final de la administración municipal 2021–2024, se ordenó dar de baja del patrimonio del Ayuntamiento vehículos y bienes adquiridos apenas cuatro meses antes, entre ellos dos camionetas Nissan Frontier, dos cuatrimotos y un automóvil Chevrolet Cruze.
La maniobra, según la Fiscalía, se habría consumado mediante la falsificación de firmas en un acta de cabildo, donde se hizo aparecer de forma indebida a regidores como si hubieran aprobado la desincorporación de los bienes, simulando una legalidad que nunca existió.
Lo más grave: tras la supuesta baja administrativa, los vehículos y bienes habrían sido apropiados y registrados a nombre de familiares de los propios ex funcionarios, cerrando así el círculo de un presunto saqueo directo a las arcas municipales.
Al tener conocimiento de los hechos, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC)integró la carpeta de investigación correspondiente y logró acreditar la posible participación de los ex servidores públicos, quienes fueron citados y presentados ante la autoridad judicial.
En audiencia, el juez determinó su vinculación a proceso y otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se profundizará en el destino final de los bienes y las responsabilidades individuales.
La Fiscalía General del Estado reiteró que este caso forma parte de su estrategia de combate frontal a la corrupción, subrayando que ningún ex funcionario está por encima de la ley cuando se trata de proteger el patrimonio público.
