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MensajearCuitzeo, Mich., a 20 de abril de 2026.- En el municipio de Cuitzeo, la realidad de seguridad dejó de ser un problema intermitente para convertirse en un patrón sostenido. Los hechos recientes, documentados por autoridades federales, exhiben no solo la presencia del crimen organizado, sino una operación sistemática que pone en entredicho la capacidad del gobierno municipal encabezado por Rosa Elia Milán Pintor.
El dato más contundente llegó este 20 de abril de 2026, cuando la Fiscalía General de la República confirmó tres tomas clandestinas de hidrocarburos en un solo día dentro del mismo municipio. Dos de ellas fueron localizadas en los kilómetros 76+125 y 76+126 del ducto Salamanca–Morelia, mientras que una tercera apareció en el kilómetro 71+977, en la comunidad de Epifania C. Pérez.
Todas presentaban el mismo patrón técnico: sistemas herméticos con válvulas de cierre rápido, un sello claro de operación profesional.
No se trata de un hecho aislado. En los últimos meses, reportes oficiales y notas periodísticas han documentado la repetición constante de tomas clandestinas en ese mismo ducto, lo que evidencia una explotación sistemática de la infraestructura de Petróleos Mexicanos en la región. La propia FGR ha abierto múltiples carpetas de investigación por delitos en materia de hidrocarburos, confirmando que el fenómeno no solo persiste, sino que se intensifica.
A la par, el municipio ha registrado una escalada de violencia que acompaña este tipo de economías ilícitas: ejecuciones, enfrentamientos armados y ataques en espacios públicos. El contexto no es nuevo. Desde 2025, la propia alcaldesa fue víctima de un atentado armado, en el que resultó herida junto con elementos de seguridad, hecho que evidenció el nivel de penetración del crimen en el municipio.
Sin embargo, lejos de mostrar contención, los hechos recientes apuntan a lo contrario: una expansión operativa del crimen en territorio municipal. La localización de tres tomas clandestinas en menos de cinco kilómetros del mismo ducto no solo revela actividad constante, sino control territorial suficiente para instalar, operar y sostener múltiples puntos de extracción de combustible.
El problema no es únicamente la existencia del huachicol, sino su escala. Para que tres tomas funcionen de manera paralela se requiere logística, vigilancia, transporte y protección armada. Es decir, una estructura criminal activa que opera con continuidad en el territorio.
En este contexto, la administración municipal enfrenta cuestionamientos inevitables. Aunque las investigaciones corresponden al ámbito federal, la realidad cotidiana —balaceras, hallazgos de cuerpos y operaciones clandestinas— ocurre en comunidades bajo jurisdicción local. La repetición de estos eventos sugiere que el gobierno municipal no ha logrado contener ni disuadir la instalación de estas redes ilícitas, que por el contrario, se han fortalecido.
La narrativa institucional, centrada en programas sociales y obras públicas, contrasta con una realidad donde el crimen organizado no solo está presente, sino que opera con una frecuencia que ya es medible en días, no en meses.
Cuitzeo se encuentra así en una encrucijada: mientras las autoridades federales documentan y desmantelan tomas clandestinas, en el terreno se consolida un corredor de extracción ilegal de combustible que avanza sin señales claras de contención local.
La pregunta ya no es si hay huachicol en el municipio —eso está plenamente acreditado—, sino quién controla realmente el territorio.
