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MensajearTequila, Jal., a 11 de febrero de 2026.— Ya no es solo un escándalo mediático: la justicia dio el paso clave. Un juez federal vinculó a proceso al alcalde de Tequila, Diego “N”, decisión que marca un antes y un después en el caso que sacude al Pueblo Mágico y lo coloca en el centro del mapa criminal del país.
La vinculación a proceso significa que el juez consideró que sí existen indicios suficientes para sostener que el edil habría participado en delitos graves, entre ellos delincuencia organizada y secuestro agravado. No es sentencia, pero tampoco es un trámite menor: es el momento en que el caso deja de ser sospecha y se convierte en proceso penal formal.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó testimonios, registros de comunicación y narrativas de víctimas que, según el juzgador, encajan en un patrón criminal: uso del poder municipal para intimidar, desaparecer temporalmente personas y controlar decisiones políticas y económicas.
El juez fue claro: no se trata de hechos aislados, sino de una presunta estructura organizada, razón por la cual ratificó la prisión preventiva oficiosa. El alcalde enfrentará el proceso tras las rejas, sin posibilidad de seguirlo en libertad.
Con la vinculación, la Fiscalía obtuvo un plazo de investigación complementaria, periodo en el que podrá fortalecer la acusación, sumar más pruebas y posiblemente ampliar cargos. La defensa, por su parte, intentará desmontar la narrativa oficial, aunque el escenario ya no le es favorable.
En términos prácticos, el mensaje es contundente: el juez vio delito, vio riesgo y vio estructura criminal suficiente para seguir adelante.
La decisión judicial no solo encierra al alcalde; pone bajo sospecha a toda una administración municipal. Autoridades federales ya advierten que el caso no está cerrado y que podrían surgir nuevas imputaciones conforme avance la investigación.
Porque ahora, con la vinculación dictada, ya no se pregunta si habrá juicio, sino hasta dónde llegará.
