La transa que nació en Palacio: Ramírez Cuevas y el decreto de 27 mil millones que favoreció la campaña de Brugada y fracturó a la 4T

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2026.— Lo que fue anunciado como un acto de justicia social terminó exhibiendo el rostro más crudo del poder: uso discrecional de recursos públicos, redes clientelares y fuego amigo dentro de la llamada Cuarta Transformación. Un decreto presidencial firmado en agosto de 2022, impulsado desde Palacio Nacional por el entonces vocero Jesús Ramírez Cuevas, generó un pasivo cercano a los 27 mil millones de pesos, según cálculos actuariales oficiales, y hoy amenaza con convertirse en uno de los escándalos políticos más incómodos para el obradorismo.

El decreto otorgó una “compensación vitalicia” a extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), muchos de los cuales ya habían sido liquidados conforme a la ley. Apenas cuatro días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una fe de erratas modificó las reglas para ampliar el padrón de beneficiarios, una maniobra que especialistas consideran irregular y carente de sustento jurídico.

Pero el problema no fue solo legal. Fue político.

Según el libro “Ni venganza ni perdón”, de Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia, el programa fue utilizado como instrumento de operación política, con Jesús Ramírez como operador central. Bajo el discurso de justicia histórica, el exvocero habría tejido una estructura de lealtades entre extrabajadores disidentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quienes posteriormente aparecieron en actos públicos respaldando a Clara Brugada, entonces aspirante de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Las imágenes hablaron por sí solas: agradecimientos públicos, consignas políticas y peticiones de nuevos beneficios al Estado. Todo, mientras el costo del programa seguía creciendo sin presupuesto asignado ni claridad sobre su financiamiento a largo plazo.

El impacto financiero es brutal. De acuerdo con datos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), el padrón de beneficiarios superó las 7 mil personas y el gasto ejercido rebasó los 3 mil 500 millones de pesos hasta 2023. Cada beneficiario recibe pagos mensuales, un monto anual adicional y un seguro de vida de 350 mil pesos. El pasivo total se extendería hasta el año 2086, comprometiendo recursos que podrían destinarse a hospitales, becas o pensiones universales.

Al interior del gobierno, el decreto provocó choques entre dependencias, deslindes de responsabilidad y parálisis administrativa. Hacienda, Energía y Gobernación se señalaron mutuamente, mientras la liquidación definitiva de LyFC permanece inconclusa desde hace años.

El SME, por su parte, acusó que el acuerdo fue negociado con grupos sin representación legítima y denunció la imposición de liderazgos afines al poder político. La fractura sindical fue el daño colateral de una decisión que, lejos de cerrar una herida histórica, abrió nuevas grietas.

Más allá de los números, el escándalo golpea el corazón del discurso oficial. La Cuarta Transformación, que se erigió sobre la promesa de desterrar el clientelismo y las viejas prácticas del PRI, enfrenta ahora acusaciones de haber reciclado el mismo modelo: apoyo económico a cambio de respaldo político.

Jesús Ramírez Cuevas, uno de los hombres más cercanos al presidente López Obrador y guardián de la narrativa gubernamental durante años, quedó en el centro del huracán. El caso ya no es solo administrativo ni sindical. Es político, y de alto voltaje. El Congreso y los órganos fiscalizadores están bajo presión para revisar la legalidad del decreto y el posible daño patrimonial al Estado.