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MensajearZitácuaro, Mich., a 20 de febrero del 2021.- Continuando con su testimonio para Noventa Grados, un comunero indígena de Zitácuaro, cuya comunidad está amenazada por el crimen organizado, acusó la relación con la delincuencia del fiscal regional de Zitácuaro, Francisco Herrera Franco y dijo que reunió a los pobladores con el principal vendedor de metanfetamina, para que tomaran parte en la lucha del crimen organizado que se vive en esa región. A esa reunión se señaló que acudió Toribio Sánchez Martínez, director de Seguridad de Zitácuaro, de quien ya se rumora su salida impune de esa dependencia.
El poblador recordó los hechos de violencia ocurridos el 13 y 14 de diciembre de 2020 en las comunidades indígenas Donaciano Ojeda y Carpinteros, y del 17 y 18 de enero en Crescencio Morales, con un total de 14 muertos por la violencia asociada al crimen organizado.
Sin embargo, el entrevistado relata algo más perturbador, que un mes antes de comenzar la violencia, el fiscal regional buscó que los comuneros se unieran a un grupo del crimen organizado, un mes antes de iniciar la guerra entre delincuentes y contra los pobladores
“El día 10 de noviembre el fiscal regional de Zitácuaro se presentó en la comunidad de Donaciano Ojeda, con un grupo de pobladores… no realmente pobladores, gente que decía que eran pobladores de San Felipe y Valle Verde”, indica el testigo, que apunta que el encuentro era para solucionar el problema del cobro de cuotas.
A esa reunió acudió el fiscal regional Francisco Herrera Franco, un hombre que se identificó como director de Seguridad Pública, cargo que corresponde a Toribio Sánchez Martínez, conocido localmente como “Toro Tibio”; acompañado de dos camionetas de la Policía, además de los presuntos pobladores de San Felipe y Valle Verde, identificados por los lugareños como consumidores de “cristal”, y entre quienes se hallaba el que es identificado como principal traficante de metanfetamina, que radica en las comunidades indígenas, y quien fue el autor de la reunión.
“Él (Francisco Herrera, fiscal de Zitácuaro) se dirige y dice que nos apoyemos con el grupo de San Felipe y Valle Verde, que nos unamos para hacer frente al grupo criminal que viene cobrando cuotas, que no hay que pagar cuotas”.
La reunión se llevó a cabo “en una huerta pegada a una barranca”, mismo sitio donde se alojó el grupo armado que el 17 y 18 de enero atacó a la población de Donaciano Ojeda.
“Yo quiero entender que este grupo criminal ya sentía una presión sobre de ellos, porque hubo enfrentamientos en la parte de Valle Verde, después de esta situación (la reunión), de grupos criminales entre ellos por la plaza de la venta de droga”, dice el entrevistado.
“Entonces este grupo quería ser apoyado por nosotros, para cuando hubieran enfrentamientos en esa parte, venir y alojarse a nuestro” territorio, y “vendernos la idea de nosotros defender a este grupo criminal, a ser apoyado por comuneros”.
Este apoyo consistía, además de la coordinación de los pobladores de las comunidades, en blindar camionetas para resistir los ataques de los enemigos, o así lo dijo el Fiscal Regional en esa reunión, de acuerdo al testimonio del comunero.
“La propuesta que hacía era preparar camionetas, equiparlas con placas de fierro para cuando hubiera un enfrentamiento, quiero entender”.
Por respuesta, al fiscal regional Francisco Herrera Franco se le dijo que esa no era ni la hora ni el sitio para hacer una reunión y que organizara un encuentro a plena luz del día. Él se comprometió a regresar al día siguiente, 11 de noviembre, con la Guardia Nacional, pero no lo hizo.
Asimismo, indicó que el mayor vendedor de cristal de Zitácuaro, vinculado con el Fiscal Regional y el director de Seguridad Pública Municipal Toribio Sánchez, citó a los líderes de los comuneros el 11 de enero pasado, en el mismo sitio donde antes se reunieron con los funcionarios.
Para entonces los habitantes ya vigilaban sus comunidades e instalaron puntos de vigilancia en las carreteras, ante el asesinato de una mujer, robo de vehículos y el secuestro de dos pobladores el 13 y 14 de diciembre, a manos de un grupo criminal que se alojaba en el bosque, asociado a la Familia Michoacana.
En esa reunión, celebrada el 14 de enero, el narcotraficante les presentó a un grupo de hombres armados que allí se alojaban, y que se decían interesados en apoyar a los comunitarios en sus patrullajes.
Los pobladores y aunque el grupo criminal prometió irse si rechazaban su apoyo, permanecieron allí. El día 16 de enero fueron vistos en la casa del principal vendedor de cristal de la región y el 17 entraron a Crescencio Morales, donde mataron a tres líderes comunales.
Estos hechos y la cacería de los delincuentes por parte de la comunidad llevó a la muerte de 13 personas durante el 17 y 18 de enero.
Basado en investigaciones de la Fiscalía Regional que encabeza Francisco Herrera Franco, el gobernador Silvano Aureoles, que se dice zitacuarense, dijo que la matanza en Crescencio Morales fue por “confusión”, y sobre las acusaciones contra el fiscal regional, hechas abiertamente por la población en las reuniones con el funcionario, Aureoles Conejo ha dicho que la población está manipulada por el crimen y que el Fiscal Regional es “muy amable” en asistir a las reuniones, pues no es su obligación.
Como muchos otros que se desempeñan en la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía del estado, Francisco Herrera Franco arribó al estado con el equipo del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, emisario del presidente Enrique Peña Nieto, y fue ratificado por Silvano Aureoles, siendo fiscal de Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro.
