San Cristóbal de las Casas, Chis., a 24 de octubre de 2025.– A un año del asesinato del sacerdote y líder social tzotzil Marcelo Pérez Pérez, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció un nuevo avance judicial: la vinculación a proceso de Héctor “G”, señalado como probable coordinador de los responsables materiales del crimen que estremeció a las comunidades indígenas de Los Altos de Chiapas.
El anuncio detalla que el imputado enfrentará cargos por homicidio calificado y asociación delictuosa, luego de que un juez federal con sede en Cintalapa considerara suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público de la Federación. Se ordenó prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
Un crimen que sacudió la fe y La Paz
El padre Marcelo Pérez, conocido por su incansable labor como mediador en conflictos agrarios y su defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios, fue asesinado el 20 de octubre de 2024, a las afueras de su parroquia en el barrio de Cuxtitali. Su muerte generó indignación en México y en el extranjero, donde era reconocido por su trabajo pastoral y social.
Pérez Pérez había encabezado procesos de reconciliación entre comunidades tzotziles y denunciado públicamente la presencia de grupos criminales y paramilitares en la región de Los Altos. Su asesinato fue interpretado por organizaciones civiles como un golpe directo a los defensores de la paz en Chiapas.
Meses después del crimen, la FGR obtuvo la sentencia de 20 años de prisión contra Edgar “M”, identificado como el autor material. Sin embargo, la reciente vinculación de Héctor “G” marca la primera acción formal contra un posible autor intelectual o coordinador de la ejecución.
De acuerdo con la carpeta de investigación, Héctor “G” habría organizado e instruido a los atacantes que privaron de la vida al sacerdote. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) sostiene que el imputado participó en la planeación del crimen, aunque no ha detallado los posibles motivos detrás de la orden.
La investigación sigue abierta
Pese al avance, la FGR mantiene abierta la investigación por la probable participación de otros implicados, entre ellos presuntos miembros de grupos armados vinculados a la violencia en los municipios de Pantelhó y Chenalhó.
Fuentes de la investigación han señalado que el homicidio podría estar relacionado con los intereses de cacicazgos locales y estructuras criminales que buscaban frenar el activismo del sacerdote en defensa de los desplazados.
“Es un paso hacia la justicia, pero todavía falta conocer quiénes dieron la orden y por qué”, señaló un representante de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.
Un símbolo de resistencia
El padre Marcelo Pérez no solo fue un sacerdote: fue un mediador entre comunidades divididas, un defensor de los pueblos indígenas y una voz crítica ante la violencia y la impunidad.
Su legado ha trascendido su muerte. En octubre pasado, más de 20 mil personas marcharon en San Cristóbal para exigir el esclarecimiento total del crimen. “El padre Marcelo vive en la lucha de los pueblos”, coreaban los asistentes entre flores y cruces blancas.








