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MensajearApatzingán, Mich., a 26 de febrero de 2026.— Mientras el gobierno del estado anunció el retiro de siete cámaras de videovigilancia instaladas de manera ilegal en el municipio de Apatzingán, persisten serios señalamientos sobre la existencia de un sistema mucho más amplio de monitoreo presuntamente operado por el crimen organizado con tolerancia —y posible protección— de autoridades municipales.
De acuerdo con información oficial, las cámaras, conocidas como “cámaras parásitas”, fueron detectadas durante recorridos estratégicos con personal federal en diversas colonias, colocadas sin autorización en postes de energía eléctrica, telefonía y arbolado urbano. Las autoridades estatales advirtieron que estos dispositivos, al no formar parte de los sistemas institucionales de seguridad, pueden ser utilizados para alertar a grupos criminales sobre la presencia de fuerzas de seguridad o facilitar actividades ilícitas.
Los equipos fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Regional, que abrió una carpeta de investigación para determinar su origen y posibles vínculos con hechos delictivos.
Retiro selectivo y zonas intocables
Habitantes señalaron que el operativo se concentró en una comunidad donde operan células vinculadas a Los Viagras y al Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que en la cabecera municipal permanecen activas decenas de cámaras similares, bajo control de Caballeros Templarios.
Según los habitantes, estos dispositivos continúan operando a plena vista en zonas céntricas y la cabecera municipal sin que hasta ahora se haya informado de acciones para retirarlos, lo que ha alimentado sospechas de un trato diferenciado y de protección institucional hacia este grupo criminal.
Las denuncias no son nuevas. El 22 de octubre de 2025, un hombre identificado como Fabián Figueroa Andrade, alias “El Camaritas”, fue asesinado tras aparecer en un video en el que confesó haber instalado al menos 57 cámaras de videovigilancia para los Caballeros Templarios, no solo en calles y negocios, sino directamente en los postes del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) municipal.
En la grabación, difundida por la página de Facebook Resistencia Civil Michoacán, el hombre aseguró que dichas instalaciones se realizaron con la tolerancia —y en ocasiones negociación directa— de Jesús Rangel Barajas, mando policiaco conocido como “Chucho” o “El Lobo”, a quien señaló como enlace entre el crimen organizado y la estructura policial.
Tras su asesinato, el cuerpo de Figueroa Andrade fue localizado con huellas de tortura y un mensaje en el que se responsabilizaba a Rangel Barajas de haber otorgado accesos a las cámaras municipales al cártel. Días antes, sujetos desconocidos intentaron incendiar los postes que alojaban dichos dispositivos.
Señalamientos de impunidad
Jesús Rangel Barajas ha sido señalado por activistas y organizaciones civiles por presuntas desapariciones forzadas y fabricación de delitos en contubernio con el crimen organizado. A pesar de ello, continúa operando sin sanción conocida dentro del aparato de seguridad municipal, durante la administración de la alcaldesa Fanny Arreola.
Para críticos del gobierno local, el retiro de solo siete cámaras resulta insuficiente frente a un sistema de vigilancia criminal que, de acuerdo con testimonios previos, tendría cobertura total en el municipio.
Hasta el momento, ni el ayuntamiento de Apatzingán ni el gobierno municipal encabezado por Arreola han informado si colaboran en una revisión integral del sistema de videovigilancia ni si se investigará la presunta protección a elementos policiales señalados de colaborar con el crimen organizado.
