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MensajearApatzingán, Mich., a 2 de julio de 2026.- La desarticulación de una nueva red de videovigilancia clandestina en comunidades de Apatzingán volvió a exhibir una realidad incómoda: mientras las autoridades estatales y federales continúan desmantelando infraestructura presuntamente utilizada por el crimen organizado para controlar el territorio, el gobierno municipal permanece prácticamente ausente de una estrategia visible para enfrentar el problema.
Este jueves, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Guardia Civil, retiró siete cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente en las comunidades de Chandio, Cenobio Moreno, Los Hornos y La Huina.
Los dispositivos habían sido colocados en postes de energía eléctrica y telefonía en puntos estratégicos y, de acuerdo con las investigaciones, eran utilizados para alertar a organizaciones Las cámaras fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público para determinar su origen, funcionamiento y la posible comisión de delitos.
Un problema que no es nuevo
Lejos de tratarse de un hallazgo aislado, el aseguramiento confirma un patrón que se ha repetido durante los últimos meses en Apatzingán.
Entre febrero y mayo de este año, autoridades estatales y federales habían desmantelado al menos 38 cámaras clandestinas distribuidas tanto en la cabecera municipal como en diversas colonias y comunidades rurales. Con este nuevo operativo, la cifra supera ya las 45 cámaras ilegales retiradas en apenas unos meses, evidencia de una red de vigilancia paralela que operaba sobre infraestructura pública.
Para especialistas en seguridad, estas redes representan uno de los principales instrumentos de inteligencia del crimen organizado, pues permiten conocer en tiempo real la presencia del Ejército, la Guardia Nacional, la Guardia Civil y las fiscalías antes de que lleguen a los puntos de intervención.
Los antecedentes que mantienen abierta la polémica
El hallazgo también revive los señalamientos que desde 2025 rodean a mandos de la Policía Municipal.
Uno de los casos de mayor impacto ocurrió tras la difusión de un video en el que un hombre, posteriormente asesinado, aseguró haber participado en la instalación de cámaras para una organización criminal y señaló al mando policial Jesús "Chucho" Rangel Barajas de presuntamente permitir o conocer la operación de ese sistema clandestino de vigilancia.
Las acusaciones también mencionaban el supuesto uso de infraestructura pública para favorecer actividades de grupos criminales.
Hasta el momento, esas imputaciones no han sido acreditadas mediante una resolución judicial ni existe información pública sobre procesos penales concluidos en contra de Rangel, por lo que jurídicamente continúan siendo señalamientos que deben distinguirse de hechos plenamente probados.
Sin embargo, el descubrimiento continuo de cámaras clandestinas alimenta inevitablemente el debate sobre el grado de infiltración criminal que pudo existir o existiría en la vigilancia del municipio. La red de cámaras constituye apenas uno de los componentes de una crisis de seguridad mucho más amplia.
En los últimos meses, Apatzingán ha sido escenario del empleo de drones utilizados presuntamente para lanzar explosivos, la localización y estallido de minas terrestres artesanales en caminos rurales, bloqueos carreteros, enfrentamientos armados y ataques contra personal militar, confirmando una sofisticación creciente de las organizaciones criminales que operan en la región.
El control del territorio ya no depende únicamente de hombres armados, sino también del dominio de la información y de sistemas clandestinos de vigilancia que permiten anticipar cualquier movimiento de las autoridades.
La omisión del Ayuntamiento
Frente a este panorama, la administración de la alcaldesa Fanny Arreola Pichardo enfrenta cuestionamientos políticos inevitables.
La sucesión de operativos exitosos ha sido encabezada sistemáticamente por la Fiscalía, el Ejército, la Guardia Nacional y la Guardia Civil, mientras el Ayuntamiento prácticamente no figura como actor relevante en el combate a estas estructuras clandestinas.
La reiterada localización de cámaras ilegales plantea una interrogante difícil de ignorar: ¿cómo pudo instalarse y operar durante meses —o incluso años— una red de videovigilancia sobre postes públicos sin que la autoridad municipal detectara o denunciara su existencia?
Si bien el combate al crimen organizado corresponde principalmente a instancias estatales y federales, la vigilancia del espacio público, la coordinación institucional y la prevención también forman parte de las responsabilidades de un gobierno municipal.
Hasta ahora, la administración encabezada por Fanny Arreola no ha ofrecido una explicación pública convincente sobre la proliferación de estos sistemas clandestinos ni ha informado de acciones propias para detectar o impedir su instalación. Más aún, la percepción de ausencia institucional se agrava en un municipio que enfrenta una de las crisis de seguridad más severas del estado. Mientras las fuerzas federales desmontan redes de espionaje criminal, neutralizan explosivos improvisados y mantienen operativos permanentes, el gobierno local continúa proyectando un papel secundario.
En un municipio donde el crimen organizado ha convertido la vigilancia en un arma estratégica, la omisión también tiene consecuencias. Porque cuando el Estado deja de observar, alguien más ocupa ese lugar.
