Compartir
Twittear
MensajearCuitzeo, Mich., a 8 de enero de 2026.— Luego del hallazgo de varios cuerpos mutilados y la quema de locales comerciales durante las primeras horas del jueves, la violencia que hoy sacude a esta región del Bajío no es fortuita. Aunque el líder delictivo más visible —José Antonio “El Marro” Yépez Ortiz— purga décadas de prisión en un penal federal de máxima seguridad en Durango, la orden criminal sigue emanando desde adentro y fuera de las rejas, y su sombra se proyecta sobre Cuitzeo con una violencia implacable que tiene a comerciantes y habitantes en vilo.
Los más recientes ataques —incluidos cuerpos desmembrados abandonados en costales frente a la Plaza Texticuitzeo, detonaciones de armas de fuego, bombas molotov y incendios en múltiples locales— son apenas la cúspide de una espiral criminal que mezcla sangre y lucro.
Terror en plena luz del día
Este enero, en escenas propias de un escenario de guerra, cuatro personas fueron dejadas sin vida y descuartizadas afuera de Texticuitzeo, con rosas secas como macabro sello del Cártel de Santa Rosa de Lima. Días antes, un cuerpo fue localizado en circunstancias similares.
La plaza es un botín codiciado por el crimen organizado, que tiene la capacidad de recaudar entre 6 y 9 millones de pesos mensuales a través de cuotas a los locatarios. El fuego, las balas y los secuestros son algunos de los métodos usados por los criminales para intimidar a sus víctimas, una práctica que se ha hecho recurrente con el paso de los años.
Mientras los cuerpos se multiplican, el huachicoleo —el robo de combustible mediante perforaciones en ductos— vuelve a azotar la región del Bajío, incluido Cuitzeo. Históricamente bandas dedicadas a esta práctica han operado allí, en Copándaro y Tarímbaro, con detecciones recurrentes de tomas clandestinas de gasolina y diésel a lo largo de las carreteras que conectan Morelia con Salamanca y Uriangato.
Tan solo en los últimos meses, las autoridades han inhabilitado múltiples tomas clandestinas y ha habido una fuerte respuesta para frenar el robo de hidrocarburos, mientras en estados vecinos como Guanajuato se reporta un aumento considerable en tomas clandestinas y pérdidas por huachicol que superan los 12 000 millones de pesos en 2025.
El despojo ilegal de combustible no solo erosiona la economía formal; también alimenta el flujo de dinero ilícito que mantiene vivas a las organizaciones criminales que se disputan estas rutas, alimentando la violencia, el soborno y los cobros de “derecho de piso”.
La millonaria economía comercial de Texticuitzeo ha sido históricamente presa fácil del crimen organizado. A los cobros forzados a comerciantes —desde cuotas mensuales hasta pagos por servicios ficticios y penalizaciones arbitrarias— se le suman ahora los ingresos derivados del huachicol y otros negocios ilícitos, generando un sistema de explotación que drena al sector productivo local y financia a los grupos armados.
Ataques contra la autoridad
La violencia también ha marcado al poder político. Hace meses, un ataque armado dejó herida a la alcaldesa de Cuitzeo, lo que para los analistas representa una advertencia directa a la clase política local: obedecer o pagar el costo.
El ataque fue atribuido a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), siendo detenidos tres presuntos autores, quienes ya fueron vinculados a proceso.
Mientras las tomas clandestinas de combustible continúan siendo detectadas, y los muertos aparecen en los márgenes de las carreteras, queda claro que la sombra del crimen organizado —tejida desde cárceles federales, células locales y corredores criminales como Jalisco y Guanajuato— sigue cerniéndose sobre Cuitzeo, con consecuencias económicas y sociales devastadoras.
