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MensajearCiudad de México, a 29 de diciembre de 2025.- México se ha convertido en un cementerio invisible para quienes defienden la tierra, el agua y los bosques. Entre 2020 y 2024, al menos 59 defensores del medio ambiente y del territorio fueron desaparecidos mientras realizaban su labor comunitaria, sin que hasta hoy exista un registro oficial del Estado que reconozca la magnitud del crimen.
Las víctimas no eran políticos ni empresarios: eran indígenas, comuneros, ejidatarios y líderes locales que se interpusieron entre los megaproyectos y sus territorios. Hoy, muchos de ellos simplemente ya no están.
Una desaparición que el Estado no quiere contar
El dato fue revelado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), que advierte que estas desapariciones ocurren en un vacío institucional deliberado: el Estado mexicano no las clasifica oficialmente como un fenómeno específico, lo que impide diseñar políticas públicas para proteger a este sector.
Desde Naciones Unidas, la alerta es clara. Gabriella Citroni, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, advirtió que la ausencia de registros oficiales garantiza la impunidad, y convierte a los defensores ambientales en blancos fáciles.
“Es un crimen extremadamente complejo, con múltiples perpetradores y una impunidad casi absoluta”, señaló.
Policías, empresas y crimen: la alianza del silencio
Lo más alarmante no es solo el número, sino quiénes aparecen como agresores. En los casos documentados se repite una mezcla explosiva: Autoridades municipales y estatales, policías locales, empresas privadas interesadas en los recursos, crimen organizado y grupos armados.
Esta colusión genera una violencia estructural, donde denunciar no protege: expone.
Megaproyectos: donde hay riqueza natural, hay riesgo de desaparecer
El patrón es contundente. Las desapariciones se concentran en territorios indígenas ricos en recursos naturales, justo donde se pretende instalar mineras, proyectos energéticos, infraestructura de transporte y parques industriales.
Todo ello, sin consulta previa ni consentimiento de las comunidades. Defender el territorio se convierte entonces en un acto castigado.
Criminalizar al defensor, normalizar la violencia
Quienes protegen el medio ambiente son estigmatizados, vigilados y criminalizados. Las amenazas preceden a la desaparición. Las denuncias no avanzan. Las medidas de protección no llegan o llegan tarde.
El mensaje es brutal: calla o desaparece.
El efecto dominó del terror
Cada desaparición no solo elimina a una persona. Desarticula comunidades enteras, rompe la organización social y envía un mensaje de miedo a quienes siguen defendiendo la tierra.
La impunidad no es una falla del sistema: es el sistema funcionando.
México: país peligroso para defender la vida
Mientras los discursos oficiales hablan de progreso y desarrollo, en las comunidades indígenas defender el medio ambiente sigue siendo una sentencia de riesgo. Sin justicia, sin registros y sin protección real, las desapariciones continúan ocurriendo en la sombra, lejos de la indignación nacional.
Porque en México, proteger la tierra puede costarte la vida… y ni siquiera queda en las estadísticas.
