Tuxtla Gutiérrez, Chis., a 8 de mayo de 2026.- Un fuerte operativo encabezado por fuerzas federales sacudió la región fronteriza de Chiapas, donde elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, ejecutaron cateos simultáneos en al menos cinco inmuebles utilizados presuntamente por una organización criminal dedicada al tráfico transnacional de droga.
Las acciones se desarrollaron en los municipios de Tuxtla Chico, Metapa y Frontera Hidalgo, considerados puntos estratégicos por su cercanía con la frontera sur del país. De acuerdo con los reportes oficiales, los inmuebles intervenidos funcionaban como centros de operación logística para una estructura delictiva con presencia en la zona.
El despliegue fue resultado de labores de inteligencia naval y trabajos de investigación coordinados entre autoridades federales, quienes lograron obtener órdenes judiciales para intervenir un rancho, una bodega y varias viviendas señaladas como posibles refugios y centros de almacenamiento de armamento y equipo táctico.
Durante los cateos fueron detenidas dos personas presuntamente vinculadas con el grupo criminal investigado. Además, las fuerzas federales aseguraron siete armas de fuego, 109 cartuchos útiles de distintos calibres, 19 cargadores, equipos de comunicación, teléfonos celulares, chalecos tácticos y dos vehículos, entre ellos una camioneta blindada presuntamente utilizada para operaciones de alto riesgo.
Las autoridades también decomisaron documentación y equipo electrónico que ahora será analizado como parte de las investigaciones para identificar posibles rutas de operación, redes financieras y otros integrantes de la organización.
Según estimaciones oficiales, el golpe económico contra esta estructura criminal asciende a aproximadamente 2 millones 804 mil 190 pesos, cifra que, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad, representa una afectación importante a su capacidad operativa y financiera.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que definirá su situación jurídica en las próximas horas mientras continúan las investigaciones sobre la red criminal que opera en la frontera chiapaneca, una de las regiones más sensibles del país por el tráfico de droga, armas y personas.









