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MensajearCiudad de México, a 3 de junio de 2026.- Autoridades federales detuvieron a Antonio Molina Díaz, exfuncionario del sistema penitenciario federal, señalado por su presunta participación en una red de corrupción que habría ocasionado un daño patrimonial superior a los cinco mil millones de pesos al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
La captura fue realizada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la colonia Anáhuac, en la Ciudad de México, como parte de las investigaciones relacionadas con una presunta trama de desvío de recursos públicos que, de acuerdo con las autoridades, operó bajo el liderazgo de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón.
Según información del Ministerio Público Federal, Molina Díaz fungió como Coordinador General de Centros Federales entre 2013 y 2018, periodo en el que suscribió contratos relacionados con la construcción de ocho centros penitenciarios federales impulsados durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Las investigaciones encabezadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) apuntan a que el exfuncionario formó parte de un esquema mediante el cual se habrían desviado recursos públicos a través de contratos presuntamente simulados y empresas fachada.
Durante el operativo de captura, las autoridades aseguraron 2 mil 500 dólares, 36 mil 590 pesos en efectivo, así como teléfonos celulares e identificaciones presuntamente apócrifas con distintos nombres.
Molina Díaz contaba con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y delincuencia organizada con fines de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tras su detención, fue trasladado y puesto a disposición de un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal ubicado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se definirá su situación jurídica.
