Compartir
Twittear
Mensajear*Washington acusa a Luis Benítez Alcántara de cobrar un soborno para liberar a Andrew Clark, presunto segundo al mando de la red canadiense de Ryan Wedding, vinculada con el Cártel de Sinaloa. En México, el órgano disciplinario abrió una investigación después del anuncio estadounidense.
Ciudad de México, a 7 de noviembre de 2026.— La acusación coloca una fecha bajo la lupa: 24 de febrero de 2025. Ese día, según la fiscalía estadounidense, el juez mexicano Luis Benítez Alcántara recibió dos millones de dólares y ordenó dejar en libertad a Andrew Clark, un canadiense requerido por narcotráfico y homicidio. Veinte meses después, el juzgador terminó detenido en un aeropuerto colombiano.
Benítez fue capturado el 1 de noviembre en El Dorado, Bogotá, cuando se preparaba para abordar un vuelo de regreso a Ciudad de México. La DIJIN (Dirección de Investigación Criminal e Interpol) colombiana actuó en coordinación con el FBI, según la información policial difundida sobre el operativo. Estados Unidos anunció que solicitaría su extradición.
En México, la noticia expuso un vacío de conocimiento institucional: el Tribunal de Disciplina Judicial reconoció que no tenía información previa sobre los hechos que motivaron la detención. Tras conocerlos, ordenó abrir una investigación de oficio. El organismo ya mantenía cuatro expedientes administrativos contra el juez, pero aclaró que correspondían a asuntos distintos.
El detenido cuya libertad habría costado millones
Andrew Clark, alias “The Dictator”, ocupa un lugar central en la investigación estadounidense. La fiscalía de California lo identifica como segundo al mando de Ryan Wedding y codirigente de una organización que transportaba toneladas de cocaína desde Colombia hasta Canadá, pasando por México y el sur de California.
Ambos también enfrentan acusaciones por ordenar asesinatos en Canadá. Para Washington, Clark era un dirigente con capacidad para manejar cargamentos y ejercer violencia al servicio del negocio.
Su detención en México, en octubre de 2024, lo puso frente a un procedimiento de extradición supervisado por Benítez. La acusación estadounidense sostiene que entonces comenzó la operación para comprar su salida.
Entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, Clark habría enviado aproximadamente 2.75 millones de dólares a intermediarios. Dentro de esa operación se habría negociado un pago de dos millones para el juez, quien presuntamente concedió la libertad bajo fianza el mismo día que recibió el soborno completo.
La libertad duró poco: Clark fue recapturado días después y trasladado a Estados Unidos.
De los Juegos Olímpicos a la protección de Sinaloa
El nombre detrás de la organización es Ryan Wedding, exrepresentante de Canadá en snowboard durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002.
Su historial incluye una condena estadounidense por conspiración para distribuir cocaína, con sentencia de prisión en 2010. Años después, una nueva investigación lo colocó entre los fugitivos más buscados del FBI. Terminó bajo custodia estadounidense en enero de 2026, tras ser aprehendido en México, y se declaró no culpable de las nuevas acusaciones.
El FBI sostiene que Wedding trabajaba con el Cártel de Sinaloa y recibía su protección en territorio mexicano. Su organización habría utilizado esa relación para sostener una ruta de cocaína entre Sudamérica y los mercados de Norteamérica.
La protección también tenía nombres propios. El Departamento del Tesoro señaló a Edgar Aarón Vázquez Alvarado, “El General”, como un protector de Wedding en México que utilizaba fuentes policiales para localizar objetivos. Lo describió como un presunto exagente con conexiones con altos funcionarios mexicanos de seguridad.
Un testigo asesinado y una red bajo presión
El expediente estadounidense incluye otra acusación de especial gravedad: Wedding habría ordenado asesinar a un testigo del proceso federal en su contra.
La víctima fue localizada y asesinada a tiros en un restaurante de Medellín, Colombia, en enero de 2025. Según la fiscalía, Wedding había ofrecido una recompensa para encontrarla y movilizado colaboradores para ejecutar el crimen.
Ese episodio permite dimensionar el alcance de la investigación: las autoridades estadounidenses persiguen una presunta estructura capaz de mover cocaína, localizar enemigos y atacar a quienes colaboraban con la justicia.
El expediente del juez todavía tiene nombres ocultos
Benítez enfrenta nueve cargos por presunta ayuda posterior a delitos, bajo la figura estadounidense de accessory after the fact. La fiscalía sostiene que utilizó su función para ayudar a Clark a evitar la detención, el juicio o el castigo.
La acusación pública describe un acuerdo de pago en efectivo y mantiene tachados nombres de otros participantes. Esas reservas impiden reconstruir públicamente toda la cadena de intermediarios y el destino de cada parte del dinero.
La defensa de Benítez niega que haya recibido el soborno y busca que cualquier eventual responsabilidad sea juzgada en México, en lugar de Estados Unidos.
Mientras Colombia tramita su situación y Washington busca llevarlo ante sus tribunales, en México queda una pregunta institucional pendiente: cómo una presunta operación millonaria para liberar a un detenido requerido internacionalmente llegó a una acusación estadounidense sin que el órgano disciplinario mexicano conociera esos hechos.
