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MensajearTecate, BC., a 14 de julio de 2026.- La violencia volvió a golpear a la clase política de Baja California luego de que la regidora de Morena en el Ayuntamiento de Tecate, María Quijada, fuera víctima de un ataque armado que cobró la vida de su esposo, Jesús Pereida, mientras ella permanece hospitalizada y, de acuerdo con su familia, se encuentra fuera de peligro.
La agresión ocurrió la tarde del martes sobre la calle Coyuca, en el fraccionamiento Hacienda, cuando la funcionaria viajaba en un vehículo junto con su esposo. Sujetos armados interceptaron la unidad y abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.
Paramédicos confirmaron en el lugar el fallecimiento de Jesús Pereida, mientras que María Quijada fue estabilizada y trasladada inicialmente para recibir atención médica, siendo posteriormente ingresada a un hospital en Estados Unidos debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.
Horas después del atentado surgieron versiones contradictorias sobre el estado de salud de la edil, incluso algunas publicaciones afirmaron erróneamente que había fallecido. Sin embargo, su padre, Francisco Quijada García, desmintió esa información y aseguró que los médicos le notificaron que su hija permanece estable y fuera de peligro. También informó que la hija de 15 años de la regidora sobrevivió al ataque y se encuentra a salvo.
De manera preliminar también se reportó que uno de los escoltas de la funcionaria habría resultado lesionado durante la agresión, aunque las autoridades no han emitido un informe definitivo sobre todas las víctimas del atentado.
La Fiscalía General del Estado de Baja California abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen. Hasta el cierre de esta edición no se habían reportado personas detenidas ni se había informado oficialmente sobre el móvil del ataque, aunque los primeros reportes indican que los agresores escaparon a bordo de un vehículo blanco.
El atentado ocurre en un contexto de creciente violencia en Baja California y representa uno de los ataques más graves contra un integrante de un cabildo en la entidad durante los últimos meses, reavivando las preocupaciones por la seguridad de funcionarios públicos y actores políticos en la región.
