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Mensajear* La detención de cuatro policías por presunto robo se suma a una cadena de casos graves dentro de la corporación durante las administraciones del alcalde Carlos Soto: tres expolicías condenados por desaparición forzada, un agente procesado por presunta violación de una adolescente y un exdirector detenido y señalado por supuestos vínculos con una célula relacionada con el CJNG.
Zamora, Mich., a 5 de octubre de 2026.- Cuatro policías municipales de Zamora fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) por su posible participación en los delitos de robo calificado grave y ejercicio ilícito del servicio público, en un nuevo episodio que vuelve a colocar bajo escrutinio a la corporación durante el gobierno de Carlos Soto Delgado.
Los detenidos son Luis “N”, Héctor “N”, Genaro “N” y Pedro “N”, quienes acudieron como primeros respondientes a un establecimiento de la colonia Las Fuentes donde previamente se había registrado un hecho violento.
Durante las diligencias, investigadores detectaron alteraciones en el lugar y la desaparición del equipo de almacenamiento de las cámaras de videovigilancia.
Al inspeccionar posteriormente la patrulla de los agentes, la Policía de Investigación localizó diversos teléfonos celulares, un arma calibre .40 con cargador abastecido y hasta un ejemplar canino que, según las diligencias, habría sido sustraído del establecimiento.
Los cuatro policías quedaron a disposición del Ministerio Público. Su responsabilidad deberá determinarse conforme avance el procedimiento judicial.
No es el primer caso grave
El nuevo escándalo adquiere otra dimensión al revisar los antecedentes recientes de la Policía Municipal durante las administraciones de Carlos Soto, quien gobierna Zamora desde septiembre de 2021 y actualmente ejerce un segundo periodo tras conseguir la reelección.
En mayo de 2025, tres policías municipales —Rubén M., Miguel de la P. y René F.— recibieron sentencias de 65 años de prisión por desaparición forzada, por hechos cometidos en agosto de 2023.
Las víctimas fueron detenidas y trasladadas a instalaciones de la propia Policía Municipal antes de que se desconociera su paradero. La sentencia incluyó también destitución e inhabilitación de los responsables.
A ese expediente se sumó otro caso en septiembre de 2025.
Sergio Manuel “N”, identificado como policía municipal de Zamora, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en la violación agravada de una adolescente de 14 años y quedó bajo prisión preventiva.
La FGE investigaba además su posible participación en la desaparición de su expareja, Jessenia Patricia R., registrada días antes en Jacona.
De jefe de la Policía a detenido
Otro de los antecedentes que golpeó directamente a la estructura de mando ocurrió con Eduardo Alberto “N”, alias “El Alfa”, quien llegó a ocupar la Dirección de Seguridad Pública de Zamora.
En agosto de 2025 fue detenido en el Estado de México y posteriormente vinculado a proceso por homicidio. Además, autoridades lo han señalado como presunto dirigente de “Los Alfas”, célula relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La acumulación de casos abre otro cuestionamiento: ¿qué tan eficaces han sido los controles de selección, confianza, supervisión y depuración de la Policía Municipal durante más de cinco años de una misma administración?
Patrullas nuevas, controles bajo escrutinio
El gobierno de Soto ha presumido inversiones para profesionalizar a la Policía Municipal. En diciembre de 2025 entregó seis patrullas, 158 chalecos balísticos y uniformes para una corporación que entonces reportaba 194 elementos certificados, con una inversión cercana a siete millones de pesos.
Pero equipamiento y certificaciones no sustituyen los controles internos.
El caso de los cuatro policías detenidos este 5 de octubre resulta particularmente delicado porque los agentes presuntamente involucrados no llegaron al establecimiento como particulares: acudieron investidos de autoridad y en calidad de primeros respondientes.
El Ayuntamiento tendría ahora que transparentar si contaban con certificaciones vigentes, si tenían antecedentes disciplinarios, quién era su mando inmediato y qué mecanismos existían para supervisar su actuación.
Porque los antecedentes se acumulan: tres expolicías condenados a 65 años por desaparición forzada; otro agente vinculado a proceso por la presunta violación de una adolescente y adicionalmente investigado por la desaparición de una mujer; un exdirector detenido y señalado por presuntos vínculos con una célula relacionada con el CJNG; y ahora cuatro policías arrestados por la FGE por un presunto robo cometido en un lugar al que habían acudido como primeros respondientes.
Son expedientes diferentes, con responsabilidades individuales y situaciones procesales distintas. No todos han terminado en condenas.
Pero todos atraviesan un mismo periodo político: Carlos Soto gobierna Zamora desde septiembre de 2021.
Después de más de cinco años, dos administraciones, cambios de mandos, certificaciones, nuevas patrullas e inversiones millonarias, la discusión sobre la Policía de Zamora ya no puede reducirse solamente a cada elemento que termina frente a la Fiscalía.
También corresponde preguntar qué está ocurriendo institucionalmente dentro de la corporación y qué medidas adoptó el gobierno municipal después de cada señal de alarma.
La FGE y los jueces determinarán las responsabilidades penales de cada uno.
Al gobierno de Carlos Soto le corresponde responder otra: ¿En manos de quién dejó el alcalde la seguridad de los zamoranos?
