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MensajearMorelia, Michoacán, 29 de mayo de 2022.- Sin definir aún de donde se obtendrá el presupuesto, el Congreso del estado de Michoacán, aprobó la Ley contra las Adicciones en el Estado de Michoacán, misma que contempla entre otras cosas, 10 centros de atención primaria en adicciones; unidades públicas que brindarán servicios gratuitos, dirigidos a prevenir y atender el uso y abuso de sustancias adictivas.
La nueva Ley entrará en vigor una vez que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado, sin embargo, los legisladores dieron un plazo de seis meses naturales a partir de que se publique la ley, para que se encuentre en funcionamiento.
La diputada Daniela de los Santos reconoció que no se ha pensado en los recursos para poner en marcha dichos centros, que serán 10, sin embargo confió en que el Ejecutivo estatal, pese a la difícil situación económica del estado, pueda tener establecido de donde saldrán los recursos para que operen dichos centros.
La propuesta se contrapone a lo que ocurre en el escenario federal, donde fueron aprobadas reformas a la Ley General de Salud para eliminar la figura de los hospitales especializados en psiquiatría.
La diputada del Distrito 11 de Morelia, Andrea Villanueva Cano, hizo un llamado al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado, para presentar un proyecto gubernamental que garantice la atención primaria de los pacientes con trastornos de salud mental.
Para la legisladora albiazul, dichas reformas no fueron acompañadas con un programa o proyecto real, ni estrategia alguna desde la Federación para que los hospitales generales puedan atender a los pacientes con trastornos psicológicos y psiquiátricos, así como de algún presupuesto que les permita hacer frente a estas reformas.
En el decreto se señala que el Ejecutivo del Estado realizará las acciones necesarias para la construcción, apertura, equipamiento y asignación de personal de los centros de atención públicos en las diez regiones socioeconómicas de Michoacán determinadas por la Secretaría de Finanzas y Administración, de conformidad con un diagnóstico emitido por parte de la Secretaría de Salud y de conformidad a la disponibilidad presupuestal en cada año.
El gobernador dispondrá lo necesario para la reglamentación y aplicación inmediata de la presente ley, incluida la instalación del Consejo y la publicación del Programa y de los protocolos integrales y básicos; asimismo, dotará de los recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de las atribuciones correspondientes a la COEPRIS, previa propuesta de la Secretaría de Salud, en un término de ciento ochenta días naturales contados a partir del día siguiente a la de la entrada en vigor de la ley.
