Miedo y psicosis y más de 750 victimas dejó el Gobierno Silvanista en Arantepacua

Morelia, Michoacán; 20 de mayo de 2022. – Miedo y psicosis, 750 víctimas son las que dejó a su paso los hechos del cinco de abril de 2017, durante el Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, que cobró la vida de cuatro personas de la comunidad de Arantepacua, y que culminó con el allanamiento de viviendas y ataques a personas de esta localidad, bajo el argumento de recuperar unidades detenidas esta localidad.

De acuerdo con Josué Alfonso Mejía Pineda, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), el organismo a su cargo en cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en diciembre de 2020, son 750 víctimas que ha logrado identificar en la localidad, 60 de gravedad.

“Las víctimas de mayor gravedad registradas por esos hechos son alrededor de 60, mientras que el general de víctimas registrado por la CNDH es de 500, nosotros llevamos un registro como de 750 víctimas”, explicó.

En la comunidad indígena de Arantepacua en el 2017 la Secretaría de Seguridad Pública y la entonces Procuraduría del Estado realizaron un operativo con más de 300 elementos de seguridad pública, se presume 4 ejecuciones extrajudiciales, 10 casos de tortura, 38 de tratos crueles e inhumanos, 48 detenciones arbitrarias y más de mil víctimas directas del ataque.

 “En la comunidad persiste el temor y la psicosis, hay miedo, eso es evidente, es palpable a la hora de hacer las entrevistas, no puedo creer que en pleno Siglo XXI se haya dado la criminalización de una comunidad indígena de esta magnitud”, explicó el titular de la CEEAV, que señaló que han dispuesto para atender a la comunidad psicólogos que estarán de manera permanente atendiendo a las víctimas.

Paralelamente explicó se está dando atención y asistencia a tres de las viudas, y a los familiares del menor asesinado, pero se han planteado realizar diagnósticos individualizados de las víctimas y considerar reparaciones individuales de daño, que en este caso deberá pagar el Gobierno Estatal, debido a que actualmente no se puede exigir que lo hagan los funcionarios responsables.