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MensajearMorelia, Michoacán, a 03 de febrero del 2023.- Michoacán está en lugar 27 en incidencia del delito de extorsión a nivel nacional, la cifra negra en este delito representa el 97.4 por ciento, es decir, no hay denuncia y no se persigue dicho ilícito, informó César Augusto Ocegueda Robledo, Consejero Jurídico del Gobierno de Michoacán.
Apuntó que este fenómeno delictivo se ha incrementado de forma alarmante en regiones circundantes a los sectores productivos de Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zitácuaro y La Piedad.
Durante la presentación de la Iniciativa de Reforma al Código Penal del Estado de Michoacán en Materia de Extorsión, Ocegueda Robledo expuso que en 2021 se denunciaron y sancionaron solo dos casos, mientras que hasta octubre del año anterior fueron seis los casos; lo que pone en evidencia la falta de trabajo por parte de las autoridades encargadas de la impartición de justicia.
Recalcó que las personas no acuden a denunciar ante la gravedad de las amenazas en su contra, en su mayoría emitidas por sujetos que tienen el poder de cumplir con dichas amenazas. Cobro de piso, cobro de supuesta protección, accidentes vehiculares provocados, amenazas telefónicas que en su mayoría provienen de centros de reclusión, son los tipos más frecuentes de este delito.
No hay reformas en materia de extorsión desde el 2014, la sanción actual del delito es de cuatro a 12 años de prision y de cien a quinientos días de multa. De 15 a 25 años de prisión al pasar el capítulo de extorsión al Título de delitos contra el patrimonio al título de Delitos contra la Paz de las personas; equiparable, pues al delito de secuestro.
Proteger los bienes jurídicos tutelados, no solamente el daño patrimonial, brindar protección a la seguridad personal, la libre autodeterminación, protección a víctimas indirectas, familiares o perjuicio a terceros;
Entre los agravantes del delito de extorsión se contemplan los casos en que se realice por personas privadas de su libertad o al interior de un reclusorio o centro de reinserción social; cuando los servidores públicos encargados de la custodia o vigilancia faciliten los medios para su ejecución por personas privadas de la libertad; cuando el sujeto activo o alguien en su representación reciba dinero o bienes de la víctima en más de una ocasión.
