Morelia, Michoacán; 16 de marzo del 2022. – Fue turnada a la comisión de Justicia del Congreso del Estado la iniciativa de ley presentada por el Gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, en donde reformar el Código Penal del Estado, para establecer penas de hasta 60 años para quien cometa el delito de feminicidio.
Estas modificaciones ya fueron propuestas en la pasada Legislatura por la entonces diputada Yarabí Ávila González, en donde además preveía la violencia institucional, y también el castigo para los servidores públicos que entorpecieran el acceso a la justicia a las mujeres, sin embargo, en ese entonces la comisión de Justicia la desecho.
En ese entonces la comisión dictaminadora, arguyó que la tipificación del delito contaba con los elementos claros para su persecución y sanción, por lo que agregar características específicas y diferenciadas, se corría el riesgo de generar incertidumbre en los procesos sancionatorio.
Esto a pesar de que las reformas y adiciones al Código Penal del Estado en el feminicidio adicionaba en la iniciativa de la diputada priista preceptos que no contempla actualmente la ley como es la violencia cometida el ámbito laboral o escolar, así como tampoco establece el agravante de este delito cuando lo comete un servidor público, o la víctima sea menor de edad, mujer embarazada o presente alguna discapacidad. También no establecía medidas para cumplir con el acceso a la justicia de las mujeres y sus familias.
Fue hasta este miércoles en sesión del Congreso se dio la primera lectura a la propuesta que además amplia las causales para que sea considerado un homicidio como feminicidio y sus agravantes.
La propuesta armoniza la normatividad con la establecida a nivel federal, y añade entre otras las causas la de que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; y, existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.
Asimismo, propone que el servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le imponga una pena de prisión de tres a ocho años y multa de quinientos a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.









