Morelia, Michoacán; 18 de febrero del 2022. – El Congreso del Estado de Michoacán cerró la puerta a la discusión de la interrupción legal del embarazo y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el estado, esto luego de desechar la iniciativa de reforma al artículo 2 de la Constitución Política del Estado.
En dicha propuesta se proponía garantizar la interrupción legal del embarazo antes de las doce semanas de gestión, de forma segura y gratuita, y que toda persona tuviera derecho a los bienes, servicios e información para el pleno ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva; así mismo, se pretende reconocer los derechos sexuales, reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes.
Sin embargo, finalmente con 16 votos en contra se desechó la propuesta que incluso buscaba cumplir con el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que el 7 de septiembre del 2021 se pronunció por la despenalización del aborto y ordenó a los estados adecuar sus legislaciones para dejar de criminalizar la interrupción del embarazo.
El diputado Baltazar Gaona García tomó un muñeco y simuló el aborto despedazándolo, pero, además, acusó a las mujeres de asesinas, y descalificó en diversas ocasiones a su compañera de bancada la diputada Gabriela Cázares quien promovió la propuesta, tras señalarla y decirle “que no sabía expresarse”.
Hugo Anaya Ávila diputado del PAN por su parte realizó una analogía del cuidado de los huevos de la tortuga y el cuidado de la vida desde el vientre. También la diputada Daniela de los Santos del PRI, y del PAN Liz Alejandra Hernández Morales, expresaron su rechazo a la medida, postura a la que se sumó la diputada del Partido del Trabajo, Belinda Hurtado, y la legisladora del PES, Luz María García García. Mientras que diputados de izquierda como Víctor Manuel Manríquez González, Mónica Valdés y Guadalupe Chagolla se abstuvieron.
A su vez el diputado morenista Fidel Calderón Torreblanca pidió atender el llamado de la SCJN, al señalar que ya existía un pronunciamiento sobre el tema y ordenó a la Legislatura armonizar el marco local, por lo que señaló que se debió abrir al debate el tema, porque el órgano responsable de interpretar la ley, ya expresó su postura al respecto.









