Autogobierno; ¿retroceso institucional y camino a la anarquía social?

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2025.- Los líderes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán se ha consolidado con discurso de odio hacia las instituciones gubernamentales que actualmente dan vida al manejo del país; su acción política trasciende directamente a la defensa comunitaria para configurarse como un proyecto de confrontación en contra del Estado. 

Su movimiento, que inicialmente reivindicaba derechos indígenas, ahora exhibe una estrategia que desafía la legitimidad de las instituciones, la ley, el marco constitucional que protege a los pueblos originarios, y sobretodo, la seguridad y la paz en las comunidades. 

El uso visible de símbolos insurgentes como la bandera del EZLN en sus eventos públicos no es casualidad, sino una declaración de intención que va más allá del diálogo para impulsar una agenda política de ruptura. El consejo cuestiona la “armonización normativa” entre leyes estatales y federales, calificándola de discriminatoria y argumentando que la ley sirve para controlar, no para proteger.

Este señalamiento ignora que el reconocimiento de los derechos indígenas está amparado por un robusto marco legal nacional e internacional (como el Convenio 169 de la OIT, la Constitución federal y la Ley Orgánica Municipal de Michoacán), que garantiza la autodeterminación, la preservación cultural y la consulta previa. Dichas normas buscan promover la justicia y la inclusión dentro de la legalidad, no fracturar el Estado.

El discurso se apoya en tres pilares retóricos: victimización permanente para presentar a los pueblos como oprimidos irreversibles; deslegitimación total de las autoridades por actos supuestamente corruptos o arbitrarios; y una moralización excluyente, donde se considera “auténtico” solo a quien se rebela, y “traidor” a quien respeta la ley y/o piensa diferente a ellos. Esta estrategia cohesiona ideológicamente pero aísla a las comunidades del diálogo democrático. Mismo que ha pasado con miles de ciudadanos que al no tener la misma idea y al haberse realizado el autogobierno en sus comunidades; han sido desterrados de ahí ya que se les llaman “hipócritas”, “traidores”, entre otros calificativos despectivos por el simple hecho de pensar diferente. 

Además, el CSIM ha impulsado con fuerza el “autogobierno”, proponiendo asambleas y consultas internas que buscan sustituir gradualmente a las autoridades municipales legítimas. Se reportan casos de presiones y desinformación para imponer esta visión, incluso sugiriendo que la voluntad indígena está por encima del orden constitucional y legal vigente.

Uno de los elementos más críticos es la normalización del discurso de “autoprotección”. La promoción de guardias comunitarias armadas, bajo el argumento de resguardar la seguridad, abre un peligroso camino hacia la militarización civil en un estado con altos índices de violencia y crimen organizado. La línea entre autonomía comunitaria y milicia local se desdibuja y representa una amenaza a la estabilidad institucional.

La comunidad de Capula en Morelia, votó libremente en octubre de 2024 en contra del autogobierno, evidenciando la diversidad de opiniones dentro de los pueblos indígenas y su respeto por los procesos democráticos. Sin embargo, el CSIM ha rechazado y descalificado esta decisión, recurriendo a presiones sociales. Mismo caso reciente en la tenencia de Jesús del Monte, donde la gente alzó la voz ante las constantes presiones y amenazas del CSIM para que se hicieran autogobierno, sin embargo, la ciudadanía de dicha comunidad, está clara y conforme con seguir perteneciendo al sistema municipal de la ciudad de Morelia. 

No podemos dejar pasar que, también este movimiento encabezado (sin interés lucrativo alguno según sus líderes que ha viajado por todo el mundo) ha ejercido presión en quienes deciden votar con NO en las consultas llevadas a cabo, generando hostilidad y convivencia hiriente instalada de manera permanente en las comunidades.

Si bien el discurso que se ha manejado en todo al apoyo “desinteresado”, se ha permeado en las comunidades asegurando que es un derecho que no deben dejar pasar y que el estado no es lo que ellos necesitan, refleja el fin, que esto llevará a el nulo reconocimiento de autoridades gubernamentales en un futuro, ante la constante inexistencia de soberanía municipal y estatal.

Finalmente, la insistente confrontación parece menos una defensa genuina de derechos indígenas que un intento por construir una base política y económica personal con fines electorales o de presión, aunque ello implique fracturar el tejido social y deslegitimar las auténticas luchas originarias.

No debe pasar desapercibido que se les ha visto activos en torno a pretender ser algo más que un vocero, lo cual solo buscan que esos movimientos sean su empujón para llegar al congreso del Estado, cuestión por la que de un lado a otro, pregona su ayuda, pero a costos que las comunidades tendrán que pagar en un futuro.

También se debe asentar que esto es reflejo de la mala gestión que realiza MORENA a nivel nacional y Estado; ya que en sus administraciones ya existe el precedente de la destrucción de instituciones que por años se consolidaron como herramientas de progreso; terminaron con el Poder Judicial independiente que conocíamos, se acabó la transparencia, se acabó la justicia imparcial de las Fiscalías, y ahora, usando la bandera de apoyo a pueblos indígenas, buscan acabar con todos los municipios que tengan en su territorio “comunidades originarias” lo que a la postre solamente será dotarlos de armamento para la consolidación de un nulo estado de derecho, que ni siquiera la administración y partido que promovió esto, podrá detener. Están creado un cuarto poder que será un movimiento armado financiado por el Estado y que puede ser cooptado por grupos de organizaciones delincuenciales.

Michoacán necesita diálogo, respeto a la legalidad y reconciliación, no movimientos que desplacen al Estado con liderazgos unipersonales ni que usen símbolos de insurgencia para fines de poder. La protección de los pueblos indígenas se logrará asegurando el cumplimiento efectivo de la ley, sin intermediarios ni manipulaciones.