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MensajearMorelia, Michoacán, a 13 de julio de 2026.— Entre los acuerdos alcanzados entre el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) y el diputado local del PRD, Octavio Ocampo Córdova tras las denuncias por calumnias e injurias que la organización interpuso en su contra destacan una disculpa pública y el pago de 50 mil pesos como reparación del daño, recursos que serán utilizados para los premios de un torneo de básquetbol indígena.
Así lo informó Pavel Ulianov Guzmán, vocero del CSIM, quien detalló que la conciliación se logró la semana pasada en una audiencia ante el Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación.
Sobre la disculpa pública, explicó que el legislador "reconocía que no es verdad que el Consejo Supremo esté cobrando por asesorar a los autogobiernos, que no tiene ninguna prueba, ningún elemento y además que no hay falta de transparencia, como él en un primer momento lo dijo."
En cuanto a la reparación económica, Ocampo Córdova se comprometió a cubrir el premio del primer torneo de básquetbol denominado "Guerrillero Purépecha", que se realizará a finales de agosto en la comunidad de Jarácuaro.
"El premio será de 50 mil pesos es el premio que va pagar como reparación del daño. Se le puso la condición de que lo tiene que recibir la Comisión de Deportes del Consejo Supremo. Ellos lo van a recibir, lo van a administrar y van a hacer todo el torneo. Yo no voy a recibir ni un solo peso", afirmó el vocero.
El conflicto inició el 11 de mayo, cuando Octavio Ocampo Córdova acusó al CSIM de lucrar con las comunidades y las rondas comunales. La organización respondió con seis denuncias ante instancias estatales y federales por calumnias e injurias.
El vocero adelantó que el tema se someterá a la Asamblea General del Consejo Supremo, que sesiona esta semana con las 80 comunidades.
"Nosotros en un primer momento lo vemos bien, porque no respondimos a sus mentiras con mentiras. Es del interés del Consejo zanjar este asunto porque nos quita tiempo y hay otros temas que requieren atención", explicó, entre ellos la consulta indígena, el presupuesto directo estatal y la inseguridad.
