Señalan trabajadores de la SEP a Marx Arriaga de presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad y extorsión

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2026.- Trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) hicieron llegar a distintos medios una denuncia documentada en la que señalan a Marx Arriaga, exdirector general de Materiales Educativos (DGME), y a quien fuera director de Desarrollo e Innovación, Sady Arturo Loaiza Escalona, por presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad y extorsión.

Según el documento, desde oficinas de la DGME se habrían solicitado depósitos bancarios por diversas cantidades —en algunos casos de hasta 38 mil pesos— como condición para obtener o mantener un empleo. Los denunciantes aseguran que estos cobros se justificaban como parte de una supuesta “lucha” o “proyecto”, e incluso se les indicaba realizar los pagos bajo la premisa de que “donde manda capitán no gobierna marinero”.

Los trabajadores afirman contar con comprobantes de transferencias y capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp en los que presuntamente Loaiza y personas cercanas a él solicitaban dinero. Señalan que, en caso de negarse a pagar, eran amenazados con ser dados de baja o con no acceder al puesto solicitado.

La denuncia, que ya fue presentada ante el Órgano Interno de Control de la SEP, también acusa a ambos exfuncionarios de presuntamente coludirse para cometer irregularidades y ejercer violencia laboral y verbal contra quienes cuestionaban las instrucciones o se negaban a entregar dinero. De acuerdo con el texto, quienes no se alineaban eran señalados como “neoliberales”, apartados de sus funciones o enviados a laborar en bodegas fuera de la ciudad.

Asimismo, los denunciantes aseguran que algunos trabajadores que sí realizaron los pagos perdieron su empleo posteriormente, tras la salida de Loaiza en medio de las investigaciones internas. También sostienen que se les obligaba a realizar actividades fuera de norma e incluso a devolver parte de sus ingresos al área administrativa.

En el escrito se menciona además la existencia de presuntos “aviadores” y se advierte que estas prácticas habrían generado afectaciones físicas, emocionales y económicas a varios servidores públicos.

“Qué bueno que se vaya a hacer ‘su lucha’ a la calle, pero sin nuestro dinero”, expresan los denunciantes, quienes advierten que, pese a las amenazas recibidas, están dispuestos a revelar sus identidades si es necesario.

Hasta ahora, las personas señaladas no han emitido una postura pública sobre las acusaciones.