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MensajearCiudad de México, 1 de septiembre de 2025. – La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), una institución creada para defender a los consumidores, aparece hoy en el centro de una de las investigaciones más graves sobre corrupción y vínculos con el crimen organizado en México. La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), indaga un esquema de extorsiones que habría operado durante las dos administraciones anteriores de la Profeco y que involucra directamente al actual senador de Morena, Ricardo Sheffield Padilla, y a su sucesor, David Aguilar Romero.
La carpeta FEMDO/FEITATA-CDMX/0000899/2024, a la que obtuvo acceso el medio mexicano La Silla Rota, señala que una red de exfuncionarios divididos en los grupos “Guanajuatenses” y “Grupo Monterrey” se coordinó con al menos tres cárteles –Jalisco Nueva Generación, Santa Rosa de Lima y Guerreros Unidos– para cobrar cuotas ilegales a más de seis mil gasolineras en todo el país.
Extorsiones disfrazadas de inspecciones
El mecanismo, según testimonios, era sofisticado y cínico: funcionarios de Profeco exigían pagos mensuales de entre 20 mil y 25 mil pesos por estación, a cambio de no ser exhibidos en el programa “Quién es quién en los combustibles”, impulsado por Sheffield, o para evitar sanciones administrativas que podían paralizar las operaciones de una gasolinera.
Un testigo protegido identificado como “Pablo”, excolaborador de Sheffield y Aguilar, declaró que la red interna de Profeco funcionaba como un brazo administrativo de los cárteles, quienes se encargaban de intimidar y cobrar las llamadas “vacunas”. “Pablo” aseguró haber asistido a una reunión en septiembre de 2023, en el departamento de Sheffield, donde se discutió la distribución del dinero para financiar la precampaña del entonces senador a la gubernatura de Guanajuato.
Funcionarios y crimen organizado: una sociedad rentable
Los testimonios recabados por la FGR detallan cómo los exsubprocuradores Talía Vázquez Alatorre y Cuauhtémoc Villarreal Martínez, entre otros, mantenían vínculos directos con grupos criminales. Guerreros Unidos habría movido el dinero recaudado en Guerrero, mientras que el Cártel Santa Rosa de Lima operaba la logística de recaudación a nivel nacional. Por su parte, el Cártel Jalisco Nueva Generación brindaba protección a cambio de parte de los recursos obtenidos.
Las pruebas incluyen listas en Excel con el registro de pagos de las gasolineras, capturas de pantalla de conversaciones entre “Pablo” y Aguilar Romero, así como intervenciones telefónicas autorizadas por un juez.
Empresarios entre el miedo y el silencio
Gasolineros entrevistados en Ciudad de México y Estado de México relataron cómo eran hostigados por supuestos verificadores de Profeco, que bajo amenazas les exigían dinero para no suspender bombas o inmovilizar estaciones. Si se negaban a pagar, eran sancionados administrativamente o visitados por sicarios como manera de presionar.
A pesar de que en 2022 se realizaron ceses de personal en Profeco por denuncias de extorsión, las investigaciones apuntan a que la red siguió operando con apoyo de estructuras criminales.
Sheffield se deslinda
Consultado sobre el tema, Sheffield respondió que no tiene conocimiento de ninguna investigación en su contra ni ha sido notificado por la FGR. Sin embargo, la indagatoria coloca su nombre en el centro de un presunto entramado donde funcionarios federales y cárteles trabajaron de la mano para enriquecerse a costa de empresarios.
La colusión entre altos mandos y cárteles convierte la extorsión en política pública paralela, con consecuencias devastadoras para la economía formal y la seguridad.
La FGR aún debe judicializar la carpeta y determinar responsabilidades, pero lo que ya se perfila es un caso que golpea no solo la imagen de Profeco, sino también a Morena y al propio Senado, donde Sheffield ocupa una curul mientras la sombra del crimen organizado lo persigue.
