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MensajearCiudad de México, a 18 de septiembre de 2025.- El escándalo político sacude a Baja California y al Congreso mexicano: la exalcaldesa de Playas de Rosarito y actual diputada federal por Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como colaboradora directa con el crimen organizado.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), durante su gestión municipal Brown habría servido de puente político entre la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa y el gobierno local, protegiendo operaciones de los hermanos Arzate —jefes de plaza en la región— y facilitando nombramientos estratégicos en la administración pública.
El informe de sanciones la describe como parte de una red que incluía a empresarios y operadores políticos, a través de los cuales el cártel lavó dinero, recaudó extorsiones y aseguró protección institucional en Rosarito, un corredor clave para el tráfico de drogas hacia California.
El documento sostiene que a través de empresarios locales y el operador político Candelario Arcega, la entonces presidenta municipal permitió la colocación de aliados del cártel en puestos estratégicos del gobierno municipal y facilitó acuerdos con la Secretaría de Seguridad Pública local.
El gobierno estadounidense incluyó a Brown en su lista negra bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que permiten congelar activos, bloquear transacciones y sancionar a quienes colaboren con organizaciones criminales o terroristas.
El anuncio se enmarca en la estrategia de la administración estadounidense para frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, además de combatir la corrupción vinculada a los cárteles en la frontera norte de México.
La designación ocurre en un momento delicado para Morena, que presume su compromiso contra la corrupción, mientras una de sus legisladoras aparece en el centro de un expediente internacional que la acusa de haber pactado con el narco.
