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MensajearMorelia, Mich., a 26 de diciembre de 2025.- La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), reveló que hallazgos recientes realizados por esta ONG, documentan que niñas, niños y adolescentes en el país, son víctimas de reclutamiento y utilización por parte de grupos delictivos y del crimen organizado y en donde Michoacán ocupa el segundo lugar nacional en este fenómeno.
El diagnóstico publicado por la REDIM a mediado del mes de noviembre de este año, muestra la magnitud del problema luego de investigaciones realizadas en 2021 y actualizadas en 2025, que revelan que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes, se encuentran en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos de la delincuencia organizada en México.
“El reclutamiento ocurre principalmente en territorios donde la violencia y la impunidad se han normalizado. Los estudios de REDIM muestran patrones comunes en Veracruz, Michoacán, Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Estado de México y Jalisco, donde confluyen pobreza, abandono escolar, violencia familiar, presencia armada y ausencia de garantías de protección”, se lee en la investigación.
La organización advirtió ante la CIDH que “México carece de una política pública integral, sostenida y especializada para prevenir, identificar, atender y reparar el daño a las víctimas de reclutamiento. El marco normativo vigente tampoco reconoce el reclutamiento como delito autónomo, ni garantiza que las y los adolescentes reclutados sean reconocidos como víctimas y no como infractores”.
Por ello, propuso a la “CIDH avanzar en una recomendación que inste al Estado mexicano a tipificar el delito, establecer rutas de prevención e identificación temprana y adoptar un programa nacional de desvinculación y reparación integral, que podría basarse en el modelo técnico desarrollado por REDIM en las Guías de Atención e Incidencia Niñez Primero (2025)”.
REDIM subrayó ante la CIDH que el Estado mexicano tiene la obligación internacional de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes y de garantizar medidas de prevención efectivas, bajo un enfoque de derechos humanos que coloque el interés superior de la niñez en el centro de las políticas públicas.
