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MensajearToluca, Estado de México, a 20 de enero de 2026.- El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, interpuso un nuevo recurso de amparo con el objetivo de frenar tanto su permanencia en prisión como una eventual extradición. El exmandatario enfrenta un proceso por el presunto delito de uso de recursos de procedencia ilícita y actualmente se encuentra bajo prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el Altiplano, ubicado en el Estado de México.
La solicitud fue presentada ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, en contra de María Jazmín Ambriz López, jueza del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. En su demanda, Duarte impugnó la orden de aprehensión, la privación de la libertad y el procedimiento de extradición en su contra.
El juez Adolfo Christian Castro Solís determinó no asumir el caso al declararse incompetente. En su resolución explicó que el amparo inicialmente fue promovido ante el Juzgado Décimo de Distrito en Chihuahua, instancia que también rechazó conocer del asunto y lo canalizó posteriormente a un juzgado de la capital del país.
El juzgador precisó que los argumentos expuestos por su homólogo en Chihuahua estaban encaminados a que el asunto fuera atendido por un juzgado federal en materia penal con sede en Toluca, Estado de México. Por ello, señaló que la remisión del expediente a la Ciudad de México derivó de un error administrativo, motivo por el cual ordenó enviarlo a la autoridad judicial correspondiente en esa entidad.
En caso de que los juzgados involucrados no logren definir quién debe conocer del amparo, será un Tribunal Colegiado el encargado de resolver el conflicto de competencia y designar al juez que deberá analizar el fondo del recurso.
Cabe recordar que en diciembre pasado, una jueza federal de control vinculó a proceso a César Duarte por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita y ratificó la medida de prisión preventiva justificada. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el exgobernador habría participado en un presunto esquema de lavado de dinero para ocultar más de 73 millones de pesos, recursos que presuntamente fueron desviados del erario estatal durante su gestión entre 2010 y 2016.
