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MensajearCiudad de México, a 7 de enero de 2026.- La red que operó desde las entrañas del sistema penitenciario federal durante el sexenio de Felipe Calderón comienza a desmoronarse. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención y vinculación a proceso de ex funcionarios clave del aparato de seguridad, todos ligados directamente a Genaro García Luna, hoy condenado en Estados Unidos.
De acuerdo con las investigaciones federales, Eduardo Enrique Gómez García, excomisionado del sistema penitenciario federal; Jesús Alberto Caballero Tardáguila, operador administrativo; y María Vanesa Pedraza Madrid, exasesora cercana de García Luna, habrían integrado una estructura criminal dedicada al saqueo sistemático de recursos públicos, utilizando a las prisiones federales como caja chica.
El negocio detrás de las rejas
Según la FGR, entre 2008 y 2015 se firmaron contratos inflados y simulados para supuestos servicios en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos). El objetivo no era mejorar la seguridad ni las condiciones carcelarias, sino desviar millones de pesos a empresas vinculadas al grupo.
Eduardo Enrique Gómez García habría sido una de las piezas centrales, autorizando contratos cuando el sistema penitenciario estaba bajo el control de García Luna. Jesús Alberto Caballero Tardáguila, por su parte, habría continuado el esquema incluso después del cambio de sexenio, manteniendo viva la maquinaria del desfalco.
La operadora de confianza
El caso de María Vanesa Pedraza Madrid revela el rostro más cercano del poder. Identificada por la FGR como parte del círculo íntimo de García Luna, habría contado con amplias facultades para mover dinero, operar empresas y ejecutar decisiones clave dentro de la red.
Las autoridades sostienen que su papel fue determinante para introducir al sistema financiero recursos de origen ilícito, lo que hoy la mantiene en prisión preventiva en un penal federal femenil.
Prisión preventiva y cerco judicial
Jesús Alberto Caballero ya enfrenta prisión preventiva oficiosa en el penal del Altiplano, mientras avanzan las investigaciones complementarias. La FGR no descarta nuevas órdenes de aprehensión, pues considera que la red criminal no estaba integrada por pocos funcionarios, sino por una estructura amplia que operó durante años con total impunidad.
Con estas detenciones, el gobierno federal busca enviar un mensaje claro: el caso García Luna no terminó con su condena en Estados Unidos. Ahora, el foco está en quiénes lo ayudaron, quiénes firmaron, quiénes cobraron y quiénes callaron, mientras el sistema penitenciario federal era utilizado como una mina de oro para la corrupción.
