Ciudad de México, a 8 de agosto de 2025.– La reciente orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que el Pentágono prepare acciones militares contra cárteles de la droga en el extranjero, coloca a varios estados mexicanos en el centro de un escenario de tensión internacional. La medida, que incluye a seis organizaciones criminales mexicanas en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), abre la puerta a operativos más agresivos de Washington y enciende las alarmas en las regiones donde estos grupos ejercen control territorial.
De acuerdo con el Departamento de Estado, las organizaciones fichadas son: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos, Cártel del Golfo y Cártel del Noreste. La designación les atribuye responsabilidad en actos de terrorismo, asesinatos de ciudadanos estadounidenses y vínculos con redes internacionales de narcotráfico y crimen organizado.
El CJNG encabeza la lista por su expansión en 28 estados del país, con bastiones en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, además de presencia en zonas turísticas como Quintana Roo. Por su parte, el Cártel de Sinaloa mantiene operaciones en al menos 24 estados, desde Baja California y Sonora hasta Yucatán y Campeche.
En el centro y occidente, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos concentran su fuerza en Michoacán y Tierra Caliente, con extensión al Estado de México, Guerrero y alcaldías del sur de la Ciudad de México. En el noreste, el Cártel del Golfo domina zonas fronterizas de Tamaulipas, mientras que el Cártel del Noreste se despliega en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y partes del Bajío y sureste.
La orden de Trump implica un cambio radical: al ser considerados terroristas, estos grupos pueden ser objetivo de operaciones militares, sanciones financieras y vigilancia intensiva. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “no habrá intervención militar en territorio mexicano”, reconoció que su gobierno fue informado y que se mantendrán canales de cooperación en materia de inteligencia.
Especialistas advierten que la estrategia de Washington, de aplicarse de manera directa, podría generar un incremento de la violencia en las zonas donde operan estas organizaciones, al tiempo que pondría a prueba la capacidad del Estado mexicano para ejercer control territorial sin apoyo militar extranjero.
La inclusión de los cárteles en la lista de terrorismo supone no solo un endurecimiento en la política antidrogas, sino también una presión diplomática que podría redefinir la relación bilateral en materia de seguridad, particularmente en estados como Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Jalisco y Sinaloa, donde la influencia criminal y la disputa por rutas del narcotráfico es más intensa.