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MensajearApatzingán, Mich., 22 de octubre de 2025. — Bajo un clima de tensión, inconformidad y reclamos por justicia, se realizó en Apatzingán la Sesión Solemne del Congreso del Estado con motivo del CCXI Aniversario de la Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, un acto que tradicionalmente se distingue por su carácter público, pero que esta vez estuvo marcado por el blindaje policial, el cierre de accesos y la ausencia de participación ciudadana.
A diferencia de años anteriores, elementos de la Guardia Civil y policías estatales impidieron el acceso a ciudadanos e incluso a invitados oficiales, pese a que algunos contaban con invitaciones digitales con código QR. Legisladores y asistentes denunciaron que el recinto fue cerrado con vallas metálicas y filtros de seguridad, lo que generó inconformidad entre los presentes.
“Fue un acto de represión; este evento siempre ha sido del pueblo”, denunció la diputada Sandra Olimpia Garibay, quien acusó un trato autoritario por parte de las fuerzas de seguridad.
El descontento se incrementó cuando varios diputados locales decidieron abandonar la sesión en protesta por el reciente asesinato del líder limonero Bernardo “Berna” Bravo, ocurrido el pasado domingo. Bravo era un reconocido activista que denunció públicamente las extorsiones y cobros de cuotas que enfrentan productores agrícolas y campesinos de la región.
“Hoy no hay nada que celebrar”, expresó el diputado Guillermo Valencia Reyes, al abandonar el acto en medio de aplausos y consignas. Desde el podio, responsabilizó a los mismos grupos del crimen organizado “que asesinaron a Hipólito Mora” y exigió resultados a las autoridades: “Es de conocimiento público quiénes son los responsables; que dejen de hacerse”.
Durante la protesta, los legisladores desplegaron pancartas con mensajes como “Menos #JaloFest, más seguridad”, “Michoacán libre de cuotas”, “Todos somos Berna” y “Justicia para Sergio y Berna”, en referencia tanto al activista asesinado como a otras víctimas de la violencia reciente en Tierra Caliente.
La tensión también se reflejó en el ambiente educativo: al menos seis escuelas locales se negaron a participar en el desfile cívico posterior a la sesión, argumentando falta de condiciones de seguridad y solidaridad con el sector limonero.
Pese a las protestas, la ceremonia se llevó a cabo con la presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el presidente del Poder Judicial, Hugo Gama Coria, y el titular de la Fiscalía General del Estado, Carlos Torres Piña, entre otros funcionarios. Sin embargo, las ausencias notables de legisladores y el malestar ciudadano opacaron por completo el carácter solemne del acto.
Al cierre del evento, varios diputados exigieron que en futuras conmemoraciones el Congreso asuma el control total de la logística, para evitar lo que calificaron como una “intervención excesiva del Ejecutivo estatal” y un operativo que, en lugar de garantizar el orden, terminó por excluir al pueblo al que el acto estaba destinado.
