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MensajearCiudad de México, a 9 de octubre de 2025.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la extinción de los fideicomisos de ciencia y tecnología.
De acuerdo con los informes de la cuenta pública 2021, la ASF detectó un presunto daño al erario superior a 57 millones de pesos, derivado de pagos sin comprobación, contratos sin documentación de respaldo y servicios que nunca fueron debidamente acreditados.
Los contratos bajo sospecha involucran a empresas privadas como NRGP Servicios Empresariales Integrales, COFISAA Servicios Empresariales y ZUVI Soluciones Profesionales, contratadas para labores contables y administrativas relacionadas con los fideicomisos que el gobierno federal decidió extinguir. Según los auditores, no existe evidencia suficiente de que los trabajos se hayan realizado.
Álvarez-Buylla se defiende: “Todo fue legal”
La funcionaria rechazó haber cometido irregularidades y afirmó que la extinción de los fideicomisos fue “un proceso exitoso, eficiente y con apego a la normativa”. Sin embargo, reconoció la existencia de un contrato sin constancias de entregables justificables, lo que —dijo— llevó a la renuncia de varios directivos y al inicio de procedimientos internos.
A pesar de esas medidas, la ASF decidió judicializar el caso, al considerar que las anomalías no fueron solventadas y que podrían constituir un delito de ejercicio indebido del servicio público.
Beneficios a familiares del poder
Mientras el Conacyt enfrenta una denuncia por presunto desfalco, registros públicos y reportes periodísticos revelan que la institución otorgó becas y subsidios por millones de pesos a familiares y allegados del círculo político de Claudia Sheinbaum, desde los tiempos de Enrique Peña Nieto y en mayor medida con Andrés Manuel López Obrador.
Entre los beneficiarios figuran Annie Pardo Cemo, madre de Claudia Sheinbaum, ha recibido durante años becas, estímulos y apoyos económicos del Conahcyt en su calidad de investigadora emérita del SNI. Entre 2019 y 2023, percibió apoyos por cientos de miles de pesos anuales, además de financiamiento para proyectos de investigación en la UNAM.
Mariana Imaz Sheinbaum, hija de Claudia Sheinbaum, quien recibió más de 1 millón de pesos en becas del Conacyt entre 2020 y 2021, durante la gestión de Álvarez-Buylla; Daniel Sheinbaum Frank, sobrino de la Presidenta, acumuló 3.9 millones de pesos en apoyos entre 2015 y 2019, parte ya bajo el actual gobierno.
Además, Julio Sheinbaum Pardo, hermano de la Presidenta e investigador del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), recibió 588 mil pesos entre 2018 y 2021.
Alejandra Mena Serranía, hija de Florencia Serranía, exdirectora del Metro cuando este colapsó en el Gobierno de Sheinbaum, obtuvo 365 mil pesos en subsidios entre 2020 y 2021.
Miztli Xóchitl Hernández Mora, hermana de Citlalli Hernández, exsecretaria general de Morena y actual secretaria de las Mujeres, recibió 230 mil pesos en el mismo periodo.
Aunque estos apoyos pueden tener un sustento académico, el patrón de beneficiarios estrechamente ligados al poder político ha despertado cuestionamientos por presunto nepotismo y discrecionalidad en la entrega de recursos públicos.
De perseguir científicos a ser denunciada
La denuncia contra Álvarez-Buylla tiene un fuerte peso simbólico. En 2021, la titular del Conahcyt promovió una acción penal contra 31 científicos e investigadores, a quienes acusó de malversar fondos del extinto Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
La justicia federal desestimó esas acusaciones por falta de sustento, y hoy es la propia funcionaria quien enfrenta señalamientos por posibles desvíos y anomalías financieras.
El caso amenaza con convertirse en un nuevo escándalo para la 4T, pues pone en duda uno de sus principales estandartes: la supuesta austeridad y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
La extinción de los fideicomisos científicos —presentada por el gobierno como una “limpieza de corrupción”— habría derivado, según la ASF, en un proceso opaco, discrecional y con daño patrimonial.
De confirmarse las irregularidades, el expediente podría derivar en cargos penales y daños colaterales políticos para el entorno más cercano a Sheinbaum, justo a un año de su llegada al poder.
