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MensajearErongarícuaro, Mich., a 29 de noviembre de 2023.- El pasado lunes 27 de noviembre, fue denunciado penalmente el presidente municipal de Erongarícuaro Juan Calderón Castillejo por el delito de amenazas en contra de Pavel Ulíánov Guzmán, portavoz del Consejo Supremo Indígena de Michoacán.
De acuerdo con el CSIM, Ulíánov Guzmán fue amenazado por Alcalde de ser desaparecido si continuaba impulsando las autonomías y no cesaba de realizar declaraciones públicas que perjudicaran políticamente al Presidente Municipal.
Previamente, en el mes de junio del presente año, Ulíánov Guzmán ya había sido amenazado también con el delito de desaparición forzada por impulsar la consulta para que la comunidad de San Francisco Uricho decidiera si deseaba autogobernarse.
“En este sentido, reiteramos que Juan Calderón Castillejo ha estado siempre en contra de los procesos de autonomía de los pueblos originarios, baste recordar que presentó 18 recursos jurídicos en contra del autogobierno de la comunidad de Jarácuaro, e impidió por 2 ocasiones la consulta libre, previa e informada en la comunidad de San Francisco Uricho, de igual forma, por esta misma causa, amenazó de muerte, a través de sus operadores políticos y públicamente, a las consejeras del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), siendo declarado persona no grata y traidor de los pueblos y comunidades originarias”, aseveró el Consejo Supremo Indígena de Michoacán.
El organismo indígena sentenció que “Hoy, alzamos la voz para hacer directamente responsable de la integridad física del compañero vocero Pavel Ulíánov Guzmán, así como de todos los integrantes del CSIM a Juan Calderón Castillejo, transgresor de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que busca reelegirse como presidente municipal, sin embargo, pasará a la historia como el peor edil que ha tenido el municipio de Erongarícuaro”.
El CSIM recordó que en la década de 1970, la familia Guzmán Cruz, de la que forma parte el vocero Pavel Guzmán, fue víctima de desaparición forzada de 5 de sus integrantes por la entonces Dirección Federal de Seguridad (DFS), actualmente el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de derechos Humanos CIDH, por lo que hicieron un llamado categórico y enérgico al Gobierno de la República y al Gobierno de Michoacán para que establezcan garantías de no repetición.
“Nunca más desaparición forzada en contra de opositores políticos y luchadores sociales”, manifestó el CSIM.
