Zacapu, Mich., a 22 de febrero de 2026.- Zacapu vive bajo una tensión constante. No es percepción: es una secuencia de hechos que se repite con alarmante regularidad. Balaceras en la rotonda del Arco Bicentenario. Disparos cerca del IMSS. Carreteras bloqueadas con vehículos incendiados. Suspensión de clases. Detenciones que desatan caos. Panfletos amenazantes. Quejas de regidores por presunta opacidad. Recomendaciones de derechos humanos rechazadas. Y mientras tanto, el gobierno municipal insiste en que hay “tranquilidad”.
El 22 de febrero, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Michoacán ardió en bloqueos y enfrentamientos. Zacapu no fue la excepción.
La violencia se extendió hacia la salida a Zamora. Hubo despliegue federal, detonaciones prolongadas y presencia militar. Aunque las cifras oficiales fueron moderadas, la percepción ciudadana fue clara: el municipio volvió a ser escenario de disputa armada. No era la primera vez.
En febrero de 2025, la detención de un presunto jefe de plaza generó narcobloqueos y enfrentamientos que paralizaron actividades. Clases suspendidas. Tres oficiales heridos. Carreteras incendiadas.
El patrón se repite.
El frente político: fracturas internas
Mientras la violencia sacude las calles, el cabildo también ha mostrado fracturas.
Diez regidores denunciaron ante el Tribunal Electoral presunta obstrucción y falta de información sobre el gasto público. La queja fue presentada… y después retirada. Oficialmente, “no presentada”. ¿Qué ocurrió entre la denuncia y el desistimiento?
La administración municipal también rechazó una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, generando críticas por falta de cumplimiento institucional.
En paralelo, el Instituto Electoral dictó medidas por violencia política de género contra la alcaldesa, evidenciando un ambiente político tenso y polarizado.
El resultado: un municipio donde el conflicto no solo es armado, sino también institucional.
Un municipio en la cuerda floja
Zacapu no es el único municipio de Michoacán con problemas de seguridad. Pero la combinación de violencia criminal recurrente, tensión política interna, cuestionamientos por opacidad, y rechazo a recomendaciones institucionales, construye un escenario preocupante.
La administración municipal enfrenta el desafío más grande: demostrar que no solo administra crisis, sino que gobierna.








