Compartir
Twittear
MensajearMorelia, Mich., a 29 de mayo de 2026.– Más de cuatro meses después de sufrir un accidente vial en Morelia, un ciudadano continúa sin poder recuperar su automóvil pese a contar con una resolución judicial favorable y una orden oficial que instruye devolverle la unidad sin cobrar un solo peso por arrastre, grúa o pensión.
Lejos de acatar las instrucciones emitidas por las autoridades, la empresa identificada como Grúas Zacapu-Monarcas mantiene retenido el vehículo y condiciona la entrega al pago de adeudos, en un caso que revive los viejos señalamientos de abuso e impunidad que desde hace años persiguen a los corralones ligados al grupo conocido como Grúas Monarca.
Un accidente vial que terminó convertido en una pesadilla legal
El caso comenzó el pasado 24 de enero de 2026, cuando el conductor sufrió un percance vehicular luego de que motociclistas circularan en sentido contrario. Elementos de Policía Morelia acudieron al lugar y realizaron las actuaciones correspondientes, mientras que posteriormente una grúa retiró el vehículo y lo puso a disposición de las autoridades competentes.
Sin embargo, lo que parecía un procedimiento rutinario terminó convirtiéndose en un largo viacrucis para el afectado, quien asegura que durante días ni siquiera supo en qué corralón había sido depositada su unidad. Más tarde descubrió que el automóvil había sido enviado a instalaciones operadas bajo una de las razones sociales relacionadas con Grúas Monarca, grupo empresarial que también opera bajo nombres como Grúas H2O Zacapu y Grúas Undameo.
Cobros de hasta 15 mil pesos mientras el vehículo seguía encerrado
Apenas transcurridos los primeros días después del accidente comenzaron las exigencias económicas para liberar la unidad. Según denunció el afectado, el corralón ya le reclamaba entre 13 mil y 15 mil pesos tan solo durante las primeras semanas, cantidades que consideró completamente desproporcionadas y que finalmente lo llevaron a iniciar un procedimiento ante el Juzgado en Materia Administrativa del Estado.
Tras meses de litigio, el ciudadano logró obtener una suspensión favorable y la orden correspondiente para recuperar su automóvil. La resolución judicial fue acompañada posteriormente por un oficio oficial emitido por la Policía de Hechos de Tránsito del Ayuntamiento de Morelia, dirigido directamente a “Grúas Zacapu-Monarcas”.
“Devolución inmediata” y “sin pago alguno”
El documento, firmado el pasado 27 de mayo por el comandante de la institución, no deja margen para interpretaciones. En él se instruye expresamente al corralón realizar la devolución inmediata del vehículo y además se especifica claramente que la entrega debía hacerse “sin que se requiera pago por arrastre o grúa”.
Más adelante, el oficio insiste nuevamente en que la devolución debía concretarse “sin pago alguno por los conceptos de arrastre y/o grúa”, dejando en evidencia que las autoridades municipales sí realizaron la notificación correspondiente y solicitaron formalmente liberar la unidad sin condicionamientos económicos.
“No le puedo entregar su unidad sin pago”
Pese a ello, evidencias compartidas por el afectado muestran que la encargada del corralón continuó negándose a devolver el automóvil. En los mensajes, la representante del lugar reconoce que mantiene retenida la unidad debido a un supuesto adeudo pendiente.
“Estoy esperando que la autoridad me realice el pago”, escribió inicialmente.
Después fue todavía más contundente: “No le puedo entregar su unidad sin pago”.
La frase resulta particularmente grave porque contradice directamente la instrucción oficial emitida por el Ayuntamiento, donde se ordena entregar el vehículo sin cobrar arrastre, pensión ni servicio de grúa.
Este viernes, el vehículo seguía retenido
La situación continuó este viernes, cuando el ciudadano volvió a contactar a la encargada del corralón luego de que desde el propio juzgado le informaran que la devolución debía concretarse ya, pues la empresa había sido notificada y había firmado de enterada.
“Buen día, hoy sí harán la devolución de mi vehículo”, escribió el afectado.
Al no obtener respuesta inmediata, insistió nuevamente señalando que sus llamadas eran enviadas directamente a buzón. Horas después, la encargada respondió únicamente que “eran indicaciones de la Licenciada” y que “lo estaban checando”, para posteriormente justificar que se encontraba “en una reunión”.
Mientras tanto, el vehículo sigue encerrado, aunque es constantemente manipulado y movido del sitio dentro del corralón.
Un caso que revive viejos señalamientos de impunidad
El caso inevitablemente recuerda las denuncias documentadas años atrás contra empresas ligadas a Grúas Monarca. En 2020, una investigación periodística de Meta Política exhibió múltiples casos de ciudadanos que acusaban cobros excesivos, obstáculos para recuperar sus vehículos y presuntas redes de protección institucional alrededor de corralones privados en Michoacán.
Incluso, diversos expedientes judiciales citados en aquella investigación derivaron en resoluciones donde jueces ordenaron devolver dinero cobrado por servicios de arrastre y pensión al considerar improcedentes algunos cobros realizados por estas empresas.
Ahora, años después, un nuevo caso vuelve a exhibir el mismo patrón: un ciudadano obligado a acudir a tribunales para recuperar su patrimonio, una resolución judicial favorable y un corralón privado que, aun así, sigue negándose a devolver el vehículo.
La pregunta de fondo resulta inevitable: ¿cómo puede una empresa colocarse por encima de una resolución judicial y de una instrucción oficial emitida por autoridades municipales?
Porque mientras el proceso continúa y las respuestas no llegan, el automóvil sigue retenido detrás de un portón privado.
Y el ciudadano sigue esperando que alguien haga cumplir la ley.
