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MensajearArio, Mich., a 28 de noviembre de 2025.- El municipio de Ario se hunde en un escándalo mayúsculo tras revelarse que nueve policías municipales, ahora prófugos, son buscados por su presunta participación en el brutal asesinato de la empresaria de Santa Clara del Cobre, Gabriela Andrea F. V., y de su acompañante, Raymundo P. G.. La crisis estalló de lleno este viernes, justo cuando la alcaldesa de Ario, sin quererlo, terminó reconociendo entre líneas que su corporación policial estaba bajo sospecha.
Luego de que diera a conocer un operativo militar encabezado por la Fiscalía del estado en contra de policías municipales de Ario, el jueves por la mañana, el Ayuntamiento difundió un comunicado desmintiendo categóricamente que hubiese detenciones, fugas o irregularidades en la Policía Municipal. “Todo fue una revisión de rutina”, aseguró el gobierno local. Sin embargo, menos de 24 horas después, el fiscal general Carlos Torres Piña destapó lo que realmente ocurría: había nueve órdenes de aprehensión contra policías municipales involucrados en un doble homicidio de alto impacto.
La revelación dejó en evidencia a la administración municipal. La alcaldesa Yohana Mendoza explicó el viernes que no sabía de las órdenes de captura porque la Fiscalía no había informado por “sigilo”. Pero la propia explicación abrió una grieta aún mayor: su gobierno defendió públicamente a policías que horas después serían exhibidos como presuntos homicidas, y que para entonces ya se habían dado a la fuga.
La mandataria reconoció que habló con el fiscal apenas este viernes y que ahora está en “total disposición” de colaborar. Además, adelantó que habrá “cambios en seguridad pública”, y remató con una frase que terminó sonando a confesión involuntaria: “Estoy totalmente de acuerdo en que hay que limpiar Michoacán y restaurar las policías municipales”.
Para muchos en Ario, la frase cayó como balde de agua fría. Si hay que “limpiar”, es porque la suciedad ya estaba dentro. Y hoy, la evidencia dice que sí.
Policías cazados por la justicia
El caso que destapó la cloaca ocurrió el 5 de octubre en Santa Clara del Cobre: Una camioneta Cadillac Escalade fue emboscada con más de 50 tiros de rifles AR-15 y pistolas 9 mm. Dos de sus ocupantes murieron; una tercera persona sobrevivió, fue torturada por la Policía y posteriormente dio información clave a las autoridades para reconstruir el ataque. Las investigaciones llevaron directo a la Policía Municipal de Ario.
El 12 de octubre, el Ejército y ministeriales realizaron una revisión de armas en la corporación. El 14, todos los agentes fueron trasladados a Morelia a declarar; la mayoría se negó.
Ahora, nueve de ellos están prófugos. Solo uno —Víctor Hugo M. A.— fue capturado. Enfrenta cargos por homicidio calificado, secuestro agravado y tentativa de homicidio. El resto, desaparecido.
Un municipio bajo sombra
Mientras la alcaldesa intenta recomponer el discurso institucional, Ario de Rosales enfrenta una crisis que combina policías asesinos, autoridades que aseguraron que todo estaba en orden, una fuga masiva y un doble homicidio ejecutado con fatal precisión.
