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MensajearCiudad de México, a 28 de octubre de 2025.- La Cámara de Diputados aprobó la Ley General contra la Extorsión, que establece penas de 6 a 15 años de prisión para quienes cometan este delito, con 34 agravantes que pueden aumentar la condena.
Sin embargo, legisladores del PT y el PRI advirtieron que la nueva norma podría permitir la liberación inmediata de al menos 600 personas sentenciadas por extorsión en cuatro estados donde las sanciones actuales son más altas.
La iniciativa, que también reforma el Código Penal Federal para que la extorsión se persiga de oficio y amerite prisión preventiva oficiosa, fue aprobada por unanimidad en lo general.
No obstante, una reserva impulsada por Morena, PT, PVEM y MC dividió los votos al reducir las penas para policías, ministerios públicos y directivos de penales que omitan denunciar casos de extorsión: de 10-20 años originalmente previstos, bajaron a 5-12 años.
El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, defendió el cambio con el argumento de la proporcionalidad.
“La omisión no puede castigarse igual que la comisión del delito”, señaló.
En contraste, el panista Elías Lixa criticó la reducción y propuso aumentar la pena básica a 10-20 años para evitar que la ley beneficie a extorsionadores. “Podríamos estar ante una ‘Ley Bermúdez’”, dijo, en referencia al exsecretario de Seguridad de Tabasco procesado por secuestro y extorsión.
Durante el debate, que se prolongó más de 10 horas, Monreal reconoció que la aplicación de la nueva ley podría generar conflictos de retroactividad en entidades como Chihuahua, donde la pena actual llega hasta 30 años.
El petista Ricardo Mejía Berdeja planteó ajustes para evitar confusiones entre extorsión y omisión de denuncia, y precisó que si el delito lo comete un funcionario, la pena podrá aumentar hasta 25 años, sin derecho a beneficios de libertad anticipada ni prisión domiciliaria.
El morenista Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, destacó que la ley unifica el tipo penal y permitirá al Estado actuar “como un frente único”.
Entre las medidas contempladas están la investigación de oficio, denuncias anónimas al 089, bloqueo de teléfonos en prisiones, y la utilización de bienes decomisados a extorsionadores para reparar el daño a las víctimas. También se establecen agravantes específicas para prácticas como el cobro de piso y los montachoques.
Ahora la iniciativa fue turnada al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.
