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MensajearCiudad de México, a 21 de febrero de 2026.- El paraíso del Pacífico mexicano quedó bajo sospecha internacional después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, anunciara sanciones contra una red de fraude de tiempos compartidos presuntamente vinculada al CJNG. En el centro del huracán aparece el resort Kovay Gardens, junto con 17 empresas y cinco personas físicas señaladas por formar parte de una estructura que, según autoridades estadounidenses, habría operado durante años bajo apariencia de legalidad.
Las cifras son demoledoras. De acuerdo con datos difundidos por el FBI y el propio Tesoro estadounidense, entre 2019 y 2023 alrededor de 6 mil ciudadanos —principalmente en Estados Unidos— denunciaron haber sido víctimas de estos esquemas. Las pérdidas acumuladas rondarían los 300 millones de dólares. Tan solo en 2024, el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI recibió cerca de 900 reportes adicionales vinculados a fraudes similares, con decenas de millones de dólares más en daños económicos. Para Washington, no se trata de engaños aislados, sino de una maquinaria sistemática de captación de recursos.
Según la versión estadounidense, el esquema operaba mediante centros de llamadas con personal bilingüe que contactaba a propietarios de tiempos compartidos, muchos de ellos adultos mayores. Les prometían rentar o revender sus semanas vacacionales con ganancias atractivas y les solicitaban pagos anticipados por supuestos impuestos, trámites notariales o comisiones. Una vez transferido el dinero a cuentas en México, el contacto desaparecía. En algunos casos, las mismas víctimas eran abordadas de nuevo por otros supuestos “gestores” que ofrecían recuperar lo perdido, profundizando el daño financiero.
Frente a este escenario internacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fijó postura pública y dejó claro que el caso ya está bajo revisión en México. “Sí hay una investigación en proceso”, afirmó, confirmando que las autoridades mexicanas no permanecen al margen de las sanciones anunciadas por Estados Unidos. No fue una declaración ambigua: reconoció abiertamente que el asunto ya se encuentra en manos de las instancias correspondientes.
El propio funcionario explicó el cauce institucional del expediente al señalar que “la UIF hizo una denuncia en la Fiscalía General de la República y ellos darán informe”. Con ello, dejó claro que la investigación no se limita a un intercambio de información financiera, sino que existe una ruta penal formal iniciada a partir de una denuncia presentada ante la FGR.
Además, al referirse a los actores señalados, sostuvo que “de ese caso en específico ya se enlistaron las empresas vinculadas y las personas”, lo que sugiere que dentro de las indagatorias mexicanas ya existe identificación concreta de sujetos y razones sociales bajo sospecha. Pero quizá la frase que más inquietud generó fue cuando advirtió que “sí hay otros casos en otros estados de la República que se siguen investigando”, abriendo la puerta a la posibilidad de que el esquema no esté limitado a un solo complejo turístico ni a una sola región.
El impacto político y económico es evidente. Por un lado, Estados Unidos ya activó bloqueos financieros y restricciones que impiden transacciones bajo su jurisdicción; por otro, México enfrenta el desafío de esclarecer si efectivamente existió una estructura empresarial utilizada para canalizar recursos ilícitos bajo la fachada de inversiones vacacionales. La combinación de sanciones internacionales, cifras multimillonarias y declaraciones oficiales confirma que el caso dejó de ser un simple fraude turístico para convertirse en un asunto de seguridad financiera transnacional.
El escándalo apenas comienza, y ahora todas las miradas se dirigen a lo que determinen las investigaciones mexicanas. Las palabras de Harfuch —“Sí hay una investigación en proceso”— marcan el punto de partida de un expediente que podría escalar en dimensiones judiciales y diplomáticas en las próximas semanas
