Ciudad de México, a 18 de agosto de 2025.- A tan solo dos días de que se lleve a cabo la audiencia de imputación en su contra, el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, obtuvo una suspensión provisional que lo blinda, por el momento, frente a cualquier nueva orden de aprehensión.
La medida fue concedida por Jovita Vargas Alarcón, jueza Novena de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, tras el amparo promovido por el ex mandatario. La resolución establece que Aureoles deberá cubrir una garantía económica de 100 mil pesos para mantener vigente esta protección judicial.
El político michoacano permanece prófugo desde el 27 de febrero, cuando la jueza de control del Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, giró una orden de captura por presuntos delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero.
De acuerdo con la imputación, Aureoles habría participado entre 2016 y 2017 en la adjudicación directa de contratos con la empresa Inmobiliaria DyF para la construcción y arrendamiento de siete cuarteles de la Policía estatal, con un costo superior a los 3 mil 400 millones de pesos. Las instalaciones se ubican en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Como parte de ese proceso, el ex gobernador fue citado a comparecer el próximo miércoles 20 de agosto a las 10:00 horas, en el Centro de Justicia Penal Federal. No obstante, persiste la incertidumbre sobre si acudirá, dado que varios de sus ex colaboradores ya enfrentan prisión preventiva justificada. Entre ellos se encuentran Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas; J. Antonio Bernal Bustamante, ex secretario de Seguridad Pública; y los ex delegados administrativos Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda.
La defensa de Aureoles presentó este nuevo recurso ante la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) judicialice alguna de las tres carpetas de investigación adicionales que aún se mantienen abiertas por presunto lavado de dinero.
De confirmarse su presencia en la audiencia, el ex gobernador podría enfrentar cargos de manera formal; de lo contrario, continuará en calidad de prófugo, bajo la protección temporal de este amparo.