Decreto exime de responsabilidad a militares que sofocan protestas en Bolivia

Decreto exime de responsabilidad a militares que sofocan protestas en Bolivia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2019 a las 07:57:00

La Paz, Bolivia, a 17 de noviembre del 2019.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció un decreto del Gobierno interino de Bolivia que exime de responsabilidad penal a militares y policías, cuando actúen "en legítima defensa o estado de necesidad".

El Gobierno de Jeanine Áñez anunció una comparecencia en la que se espera que se pronuncie sobre el decreto.

La CIDH alertó en Twitter que esta norma firmada por Áñez al frente de su Ejecutivo interino "pretende eximir de responsabilidad penal al personal de Fuerzas Armadas que participe en los operativos para restablecimiento y estabilidad del orden interno".

"El grave decreto de Bolivia desconoce los estándares Internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta", advirtió en una serie de mensajes en la red social. La entidad condenó "cualquier acto administrativo del gobierno de Bolivia que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional de los DDHH, particularmente en el contexto de actuaciones de Fuerzas Armadas en las protestas sociales".

Por su parte, el Gobierno transitorio de Bolivia aseguró que el decreto que exime de responsabilidad penal a policías y militares cuando actúen en condiciones de necesidad y bajo legítima defensa, no es una "licencia para matar" y que se enmarca en la Constitución y las leyes del país.

En una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno de La Paz, el ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano, manifestó que la medida dictada el pasado viernes "no contribuye a ningún estado de mayor violencia" sino que es un instrumento para "contribuir a la paz social".

Justiniano explicó que el decreto autoriza a que los grupos de seguridad, Policía y Fuerzas Armadas, "puedan actuar en cumplimiento y el resguardo del orden". La normativa establece que el funcionario que participe en operativos de resguardos "está exento de responsabilidad penal" cuando actúe "en legítima defensa o en estado de necesidad" y bajo los criterios de "legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad".

 

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