De monaguillo a denunciante: Jorge revela abusos sexuales por un sacerdote en una parroquia de San José Iturbide, Guanajuato, y exige justicia

Celaya, Guanajuato, a 15 de octubre de 2026.- Dar visibilidad a los abusos sexuales presuntamente cometidos por el sacerdote Constantino “N” y exigir justicia para las víctimas es el objetivo de Jorge, quien denunció haber sido agredido sexualmente durante cuatro años, cuando tenía apenas 11 años y era monaguillo en una parroquia de San José Iturbide. El hombre aseguró que, tras comenzar a buscar a otras posibles víctimas, logró identificar a nueve personas más que también habrían sufrido abusos por parte del religioso.

De acuerdo con su testimonio, los hechos comenzaron en 2010 en la parroquia de San Sebastián, ubicada en la comunidad de El Salitre, en San José Iturbide, donde servía como monaguillo. Señaló que las agresiones fueron aumentando gradualmente, desde la exposición forzada a pornografía hasta tocamientos y violaciones, mientras el sacerdote lo amenazaba para impedir que revelara lo ocurrido.

“Yo fui abusado sexualmente por el sacerdote Constantino Molina Hernández. Esto en el año 2010, empezaron los abusos en el año 2010 y todo esto sucedió aquí en el territorio de la diócesis de Celaya”, relató Jorge al hacer pública su historia.

Explicó que durante cuatro años permaneció en silencio por temor a las consecuencias que el religioso le advertía si contaba lo sucedido a sus padres o a personas cercanas. Las amenazas, dijo, tenían un peso especialmente fuerte debido a su edad y a la confianza y respeto que sentía por quien era sacerdote.
“Él me decía que no le podía contar a nadie, que me iba a pasar algo malo si yo le contaba. Él me chantajeaba, me decía: ‘Si tú denuncias me van a llevar a la cárcel, y tú me quieres, tú me estimas, tú eres, pues tú me respetas como sacerdote’”, recordó.

Fue hasta principios de 2016 cuando decidió acudir con el entonces obispo de Celaya, Benjamín Castillo, para informarle personalmente sobre los abusos. Según su versión, la Diócesis inició una investigación interna y, en diciembre de ese año, el sacerdote fue retirado de la comunidad. Jorge afirmó que posteriormente recibió información sobre su separación del estado clerical, formalizada mediante un decreto de marzo de 2017.
Sin embargo, sostuvo que el entonces obispo le pidió no presentar una denuncia ante las autoridades civiles, argumento que, por su formación religiosa y su corta edad, interpretó como una instrucción que debía obedecer.

“Me dijo: ‘Si haces una denuncia, te vas a afectar a ti, nos vas a afectar a nosotros, vas a afectar a la diócesis, ¿qué va a decir la gente?’. Me dio la orden de no hacer una denuncia”, aseguró.

La situación cambió en febrero de 2025, cuando Jorge observó en redes sociales imágenes de una reunión organizada por personas cercanas al sacerdote en El Salitre, donde, según dijo, continuaban tratándolo como religioso. Esto lo motivó a hablar con habitantes de la comunidad sobre la situación del clérigo.

Un mes después, en marzo, recibió mensajes y audios que atribuye a Constantino “N”, en los que, de acuerdo con su relato, fue insultado y amenazado con ser denunciado por calumnias y difamación.

“Me dijo: ‘Si yo estudié esta carrera es porque con fundamentos legales te voy a denunciar y te voy a hundir y te voy a destruir’”, declaró Jorge, quien aseguró que esos mensajes reavivaron las afectaciones emocionales que había experimentado durante años.

El 10 de marzo de 2025 acudió a la Fiscalía para presentar formalmente su denuncia. Como parte de la búsqueda de posibles víctimas, comenzó a investigar y conversar con personas que habían tenido contacto con el sacerdote. Fue entonces cuando, aseguró, identificó a otras nueve personas que también habrían sufrido abusos, por lo que, al incluirse, el número de posibles víctimas de las que tuvo conocimiento asciende a diez.

Jorge precisó que no todas han decidido denunciar formalmente, principalmente por miedo y por las consecuencias personales y familiares que, consideran, podría implicar hacer públicos los hechos. También señaló que tiene conocimiento de otras denuncias presentadas contra el sacerdote, aunque no cuenta con una cifra confirmada.

En noviembre de 2025, Constantino Molina Hernández fue vinculado a proceso por su probable participación en los delitos de violación, abuso sexual y corrupción de menores. De acuerdo con Jorge, el sacerdote enfrenta el procedimiento en libertad, bajo medidas cautelares que incluyen presentarse semanalmente ante Seguridad Pública en Apaseo el Grande, no salir del estado sin autorización judicial y no acercarse a él ni a su familia.

La audiencia intermedia se realizó en julio de 2026 y, según lo informado por Jorge, el juicio está programado para mayo de 2027. Añadió que, si el acusado fuera declarado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 120 años de prisión, de acuerdo con la información que ha recibido sobre su caso.

Además del proceso penal, Jorge denunció presuntas omisiones de autoridades eclesiásticas. Afirmó que solicitó al actual obispo de Celaya, Víctor Alejandro Aguilar, colaboración con la Fiscalía y la entrega de documentos relacionados con la investigación interna de 2016, pero aseguró que no ha recibido la cooperación que considera necesaria.

También relató que, durante una conversación, el obispo habría descrito lo ocurrido cuando él tenía 11 años como una relación amorosa consentida, versión que Jorge rechazó categóricamente.

“Yo, Jorge, a mis 11 años, había sostenido y había consentido una relación amorosa con este sacerdote, que yo lo había permitido y que no había sido abuso, que habíamos sido una pareja”, afirmó al reproducir las palabras que atribuye al prelado.

Jorge sostuvo que posteriormente buscó apoyo ante la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Nunciatura Apostólica en México, pero dijo que tampoco obtuvo la respuesta que esperaba. Por ello, considera necesario que se esclarezca la actuación de las autoridades religiosas y se determine si existieron omisiones o encubrimiento.

El denunciante añadió que, pese a que el decreto eclesiástico al que tuvo acceso contemplaba atención psicológica y terapéutica para él, nunca recibió ese apoyo por parte de la Diócesis. Actualmente, señaló, busca atención psicológica particular para afrontar las consecuencias emocionales de los abusos.

Finalmente, explicó que decidió hablar públicamente por dos motivos: evitar que otros casos permanezcan ocultos y llamar la atención de las autoridades civiles para que se revise la fecha programada para el juicio.

“Yo busco dos cosas. La primera intención es justicia social, porque la Iglesia quiere que las víctimas de abuso por parte de sacerdotes estemos calladas, quiere que nunca hablemos, que nunca se sepa. Quiero que se dé visibilidad a este tema”, expresó.

Asimismo, pidió que las autoridades valoren la posibilidad de adelantar el juicio, pues considera que la espera hasta mayo de 2027 prolonga el acceso a la justicia.
“La justicia no puede esperar. Este señor está libre y puede estar abusando de otros menores en este momento”, manifestó.

Jorge insistió en que hacer pública su historia no solo busca justicia por los hechos que denunció, sino también alentar a otras posibles víctimas a romper el silencio y permitir que las autoridades investiguen cada señalamiento. Las acusaciones contra el sacerdote deberán resolverse mediante el proceso judicial correspondiente, en el que se determinará su responsabilidad penal.