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MensajearLeón, Guanajuato, a 3 de julio 2026.- Después de un proceso judicial derivado de más de un centenar de denuncias, un juez dictó una sentencia acumulada de 1 mil 18 años y cuatro meses de prisión contra Édgar Francisco, al acreditarse que encabezó un esquema fraudulento con el que engañó a 107 personas mediante la falsa venta de inmuebles en supuesto remate bancario.
Las investigaciones permitieron establecer que el ahora sentenciado, a través del despacho jurídico Punto Legal, ofrecía propiedades asegurando que provenían de remates bancarios. Sin embargo, las viviendas nunca estuvieron disponibles para su comercialización, ya que no existía ninguna facultad legal para venderlas ni se encontraban bajo procedimientos judiciales que permitieran su adquisición.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que demostraron la mecánica utilizada para obtener millones de pesos de las víctimas, quienes invirtieron sus ahorros con la esperanza de adquirir una vivienda a bajo costo.
Las resoluciones fueron emitidas por los tribunales en dos sentencias distintas, correspondientes a los días 26 y 30 de junio de este año. La primera impuso una pena de 438 años y cuatro meses de prisión, mientras que la segunda fue de 580 años, sumando una condena histórica de 1 mil 18 años y cuatro meses por el delito de fraude.
Aunque la legislación de Guanajuato establece que la pena máxima efectiva de prisión es de 80 años, la resolución judicial también contempla la reparación integral del daño causado a las víctimas, considerada uno de los principales logros del proceso.
El sentenciado deberá cubrir 29 millones 923 mil 100 pesos por concepto de daño material, además de 3 millones 326 mil 490 pesos por daño moral y 148 mil 500 pesos por los perjuicios ocasionados, recursos destinados a resarcir las pérdidas económicas sufridas por las 107 familias afectadas.
La Fiscalía General del Estado informó que continuará vigilando el cumplimiento de la sentencia y de la reparación del daño, al considerar que este fallo representa un precedente en la persecución de delitos patrimoniales y en la protección de quienes fueron víctimas de este tipo de fraudes.
