Compartir
Twittear
MensajearMorelia, Michoacán, a 17 de febrero 2026.– El titular de la Secretaría de Finanzas, Luis Navarro García, dio a conocer a nombre del gobierno de Michoacán, que la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Constitución local para prohibir la contratación de deuda pública de largo plazo.
El anuncio se realizó en el Palacio de Gobierno, ante la presencia de integrantes del Poder Legislativo, representantes del Poder Judicial, empresarios, instituciones bancarias, servidores públicos y medios de comunicación.
De acuerdo con lo expuesto, la propuesta busca establecer una disposición constitucional que impida a futuras administraciones estatales adquirir financiamientos cuyo pago trascienda el periodo de gobierno en funciones.
En ese sentido, la medida contempla mantener únicamente instrumentos financieros que deban liquidarse dentro del mismo mandato, como créditos de corto plazo, obra pública financiada y adelantos de participaciones federales.
Durante su mensaje, el funcionario estatal informó que la actual administración recibió finanzas estatales con compromisos acumulados, entre ellos adeudos a proveedores, obligaciones con terceros institucionales y créditos contratados en años anteriores. Igualmente señaló que dichos financiamientos presentaban condiciones financieras que implicaban pagos anuales elevados.
Por lo anterior, se detalló que como parte de las acciones implementadas, se llevó a cabo una reestructuración de la deuda de largo plazo con el objetivo de homologar periodos de pago y mejorar términos financieros. Según lo informado, esta medida permitió generar mayor estabilidad en los compromisos existentes.
Asimismo, se explicó la adopción de un esquema denominado obra pública multianual, mediante el cual se contratan proyectos de infraestructura cuyo pago se programa en ejercicios fiscales subsecuentes dentro del mismo periodo gubernamental. Es decir que, bajo este modelo, si una obra se contrata en el primer año de gestión puede liquidarse hasta en seis años; si se contrata en el segundo, hasta en cinco; y si se contrata en el tercero, hasta en cuatro.
El secretario Navarro García informó que actualmente 11 mil 500 millones de pesos se encuentran bajo este esquema. De ese total, se ha cubierto 63 por ciento; para 2026 se prevé pagar 24 por ciento adicional y en 2027 el 13 por ciento restante, con lo que se concluiría la liquidación total.
La iniciativa de reforma plantea que los gobiernos futuros puedan desarrollar infraestructura con recursos comprometidos únicamente dentro de su propio periodo administrativo y bajo supervisión legislativa, pero sin recurrir a deuda de largo plazo.
También se dio a conocer que los adeudos con terceros institucionales se encuentran prácticamente liquidados y que las obligaciones con proveedores se han reducido en comparación con el inicio de la administración. En cuanto a la deuda bancaria, se indicó que es manejable en las condiciones actuales.
