¡Fuera el alcalde!, así recibieron pensionados y jubilados al alcalde de Celaya, Guanajuato

Celaya, Guanajuato, a 16 de octubre de 2025.– A su llegada a la presidencia municipal, el alcalde Juan Miguel Ramírez, fue recibido con consignas por parte de los jubilados y pensionados que mantienen desde hace dos meses un plantón en el edificio en exigencia de prestaciones. Entre los reclamos se escucharon gritos de “¡fuera el alcalde!”, mientras el presidente local insistió en que el tema deberá resolverse por la vía legal.

Ramírez reiteró que su gobierno no puede negociar fuera de lo que establece la ley, y explicó que, tras revisar los dictámenes de jubilación, se detectaron irregularidades y diferencias en las prestaciones otorgadas. “Encontramos que no todos tienen derecho a prestaciones. Algunos dictámenes las contemplan completas, otros parcialmente, y varios no las incluyen. Por eso no puedo pagar algo sin justificación jurídica”, explicó.

El alcalde aseguró que el derecho a la jubilación está garantizado, pero que las prestaciones adicionales no están respaldadas legalmente en todos los casos. “El derecho a la jubilación lo vamos a respetar, pero no existe un derecho general a las prestaciones. Si yo les pago sin sustento, estaría violando la ley y afectando al pueblo”, afirmó.

Asimismo, precisó que el conflicto ya fue turnado a la Procuraduría Fiscal del Estado, la ASEG y el Tribunal de Justicia Laboral, y que será en esas instancias donde se definirá quién tiene la razón. “Ellos deben demandar; si ganan, se les pagará. Pero mientras tanto, no podemos negociar lo que la ley no nos permite”, señaló.

Ante los reclamos y la permanencia del plantón, Ramírez dijo que respeta el derecho a manifestarse, pero dejó claro que su administración no cederá a la presión. “Yo los entiendo, son personas mayores, muchos los conozco y los aprecio. Pero no puedo actuar con sentimentalismo. Mi obligación es cuidar los recursos del pueblo y actuar conforme a la ley”, expresó.

Finalmente, el presidente municipal subrayó que, si el municipio gana los juicios, se podría ahorrar hasta 30 millones de pesos anuales, recursos que se destinarían a servicios públicos. “Hoy pagamos más de 100 millones de pesos al año en jubilaciones. No se trata de negar derechos, sino de garantizar justicia y legalidad para todos”, concluyó.