Ciudad de México, a 26 de diciembre de 2021.- De manera unánime, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se manifestaron en contra de las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República, por el Presidente de la Cámara de Diputados, dirigidas a los consejeros que aprobaron posponer el proceso de revocación de mandato. El INE acusó una persecución que calificó de “preocupante” a la democracia.
En días pasados, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), órgano colegiado y máxima autoridad de esa institución, por mayoría aprobó el acuerdo de posponer temporalmente la organización de la eventual consulta de Revocación de Mandato.
En respuesta, el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, interpuso una denuncia ante la FGR contra los consejeros que aprobaron la medida y contra el Secretario Ejecutivo del INE, a pesar de que este no vota en las decisiones del colegiado, acusándolos de presunta coalición de servidores públicos y abuso de autoridad, delitos que se castigan hasta con 4 años de cárcel.
El domingo, de manera unánime los consejeros del INE rechazaron esta medida, que califican de persecución penal.
“Las decisiones del Consejo General del INE pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, por ello, la legislación prevé que éstas pueden ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida. Serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia sobre este asunto lo que en derecho corresponda y, el INE, como siempre, acatará esas decisiones”, aseguró el órgano electoral en un boletín.
“Por ello es muy preocupante –agregó– que el Presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado. Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les compete.
“Por encima de las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre esta y otras decisiones, las Consejeras y Consejeros electorales del INE rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía. Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión”, sentenció el INE, que cerró argumentando que “En un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos”.









