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MensajearCiudad de México, a 6 de marzo de 2026.— Un ex servidor público identificado como Javier “N” fue vinculado a proceso por su presunta participación en delitos relacionados con el uso indebido de facultades durante su desempeño en el servicio público, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la dependencia federal, los hechos se remontan a 2018, cuando el entonces funcionario, presuntamente en conjunto con otros servidores públicos que ya habían sido procesados en días anteriores, habría suscrito tres contratos por alrededor de 11 millones de pesos con una empresa que simulaba operaciones fiscales.
Las investigaciones señalan que la compañía involucrada aparece en el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, mecanismo mediante el cual la autoridad fiscal identifica a contribuyentes que presuntamente emiten facturas por operaciones inexistentes.
Versiones periodísticas señalan que el imputado correspondería a Javier Tapia Santoyo, quien se desempeñó como secretario de Administración y Finanzas del Instituto Politécnico Nacional (IPN)y anteriormente como tesorero del Hospital 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Según los reportes, los contratos bajo investigación habrían sido otorgados cuando Tapia Santoyo laboraba en el Hospital 20 de Noviembre, donde presuntamente se adjudicaron servicios a la empresa Interacción Biomédica, señalada por el Servicio de Administración Tributaria como una compañía utilizada para simular operaciones comerciales.
Durante la audiencia, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, adscrita a la FGR, presentó diversos datos de prueba que permitieron al juez dictar la vinculación a proceso por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y ejercicio abusivo de funciones.
Como medidas cautelares, la autoridad judicial ordenó que el imputado se presente periódicamente una vez al mes ante el juzgado y le prohibió salir del país mientras avanza el proceso penal.
Asimismo, el juez estableció cuatro meses de plazo para la investigación complementaria, periodo durante el cual la fiscalía podrá reunir más elementos para fortalecer el caso.
