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MensajearMorelia, Mich., a 1 de marzo de 2025.- La investigación sobre el presunto fraude millonario en el gobierno del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, sigue revelando nuevos nombres de funcionarios y empresarios involucrados en una operación que asciende a más de 4 mil millones de pesos. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación el 18 de febrero de 2022, tras la denuncia presentada por la secretaria de la Contraloría del Estado de Michoacán, Azucena Marín Correa, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.
Entre los principales implicados se encuentran el exgobernador Silvano Aureoles; el exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón Reyes; su antecesor J. Antonio Bernal Bustamante; la delegada administrativa de la Secretaría de Seguridad, Elizabeth Villegas Pineda; y los empresarios Miguel Ángel Morales Kerlegand, Ricardo Martínez del Campo y Joaquín Martínez del Campo, además de la empresa DYF S.A. de C.V.
Tanto Aureoles como Bernal Bustamente han sido detenidos y no presentados de acuerdo con la prensa nacional, e incluso existe una foto de Bernal detenido, mientras que de Villegas Venegas existe una ficha en el Registro Nacional de Detenciones. Israel Patrón está libre.
Un entramado de contratos irregulares
Los hechos bajo investigación datan de entre 2016 y 2019, cuando la Secretaría de Seguridad Pública, a través de José Antonio Bernal Bustamante y Elizabeth Villegas Pineda, otorgó contratos con diversas irregularidades a la empresa inmobiliaria DYF para el arrendamiento y desarrollo de siete cuarteles en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. El costo total de estos contratos alcanzó los 2 mil 97 millones 728 mil 816.83 pesos, sumados a otros 64 millones 960 mil pesos por concepto de proyectos ejecutivos.
Uno de los aspectos más alarmantes es que la empresa DYF adquirió los inmuebles donde se construyeron los cuarteles hasta el año 2020, es decir, después de que se firmaron los contratos y se realizó el primer pago. La operación se realizó bajo acuerdo del exgobernador Aureoles, quien desembolsó 1,731 millones 75 mil 890 pesos, superando en más del 50% la valuación realizada por el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indaabin). La diferencia asciende a 830 millones 998 mil 890 pesos.
Un fraude estructurado
En total, el gobierno de Michoacán erogó más de 4 mil millones de pesos a favor de la empresa DYF, incluyendo conceptos de arrendamiento y desarrollo, mantenimiento y limpieza, compra de inmuebles y otros gastos. Se presume que los contratos fueron adjudicados con la intención de desviar recursos públicos, ya que la empresa DYF fue creada expresamente para ejecutar estos proyectos.
Entre otras irregularidades detectadas, se encontró que DYF solo contaba con dos empleados registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que sus facturas fueron expedidas únicamente a favor del gobierno de Michoacán, lo que refuerza la hipótesis de un esquema de corrupción.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también identificó movimientos inusuales en las cuentas vinculadas a DYF entre 2020 y 2022, lo que generó alertas por posible lavado de dinero. Además, la adjudicación de los contratos se basó en un currículum falso que presentaba a DYF como una empresa con amplia experiencia en construcción rápida y a bajo costo, pese a haber sido creada en 2015 y no cumplir con los requisitos para adjudicaciones directas.
Empresarios en entredicho
Los empresarios involucrados en estas irregularidades, siguen vigentes en el mercado e incluso han participado en más fraudes. Bajo el nombre de "Desarrolladora M", que tiene como accionistas a Ricardo y Joaquín Martínez del Campo, y como apoderado a Héctor Miguel Ángel Morales Kerlegand, fue denunciada por el Gobierno de Nuevo León por un daño al erario de 400 millones de pesos, al venderles como nuevas, aulas móviles chatarras.
Ellos ya tenían experiencia en contratos con el gobierno y antecedentes de corrupción en la construcción de cuarteles, en el mandato del perredista Graco Ramírez, gobernador de Morelos.
