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MensajearMorelia, Mich., a 15 de febrero de 2026.- Desde 2006 hasta 2024, Michoacán no dejó de cavar su propia tragedia. Durante 18 años consecutivos, el estado acumuló fosas clandestinas en 68 de sus 113 municipios, una cifra que revela que seis de cada diez municipios han sido utilizados como sitios de entierro ilegal de cuerpos humanos. No se trata de una racha violenta ni de un momento excepcional, sino de una práctica sostenida en el tiempo, repetida sexenio tras sexenio, sin que el fenómeno haya sido contenido.
Una geografía de muerte que se expandió con los años
Las cifras recopiladas a lo largo de casi dos décadas muestran una realidad fragmentada y perturbadora. Mientras la Fiscalía General del Estado reconoce más de 250 fosas clandestinas, la autoridad federal apenas admite 48, y los registros periodísticos documentan entre 151 y 179.
Esta disparidad no es menor: evidencia que, incluso después de 18 años de hallazgos, el Estado mexicano no ha logrado —o no ha querido— construir una verdad común sobre la magnitud de la muerte clandestina.
La violencia no quedó confinada a una región ni a un periodo específico. Con el paso de los años, las fosas se extendieron por zonas rurales, cerros, predios baldíos, basureros y caminos vecinales, hasta convertir el mapa del estado en una geografía de ocultamiento, donde el territorio mismo fue utilizado para borrar personas.
Municipios marcados por generaciones
En municipios como Morelia, Uruapan y Jacona, los hallazgos se repiten una y otra vez. No pertenecen a un solo grupo criminal ni a una sola administración. Son fosas que aparecen con los años, algunas descubiertas por autoridades, muchas otras por madres buscadoras que recorren cerros y predios armadas únicamente con palas, varillas y fotografías.
En lugares como Tacámbaro o Jacona, colectivos han logrado recuperar decenas de cuerpos en periodos recientes, confirmando que el fenómeno no es solo histórico, sino plenamente vigente. La tierra, removida una y otra vez, sigue entregando restos humanos como si el tiempo no hubiera pasado.
Dieciocho años de desaparición acumulada
El saldo humano es devastador. En Michoacán hay más de 7 mil personas desaparecidas, mientras que menos de 500 cuerpos han sido localizados oficialmente en fosas clandestinas. La brecha entre quienes desaparecen y quienes son encontrados revela algo más profundo que la violencia: la normalización de la ausencia.
Tras casi dos décadas, miles de familias siguen sin saber si sus seres queridos están vivos o muertos. En muchos casos, los restos recuperados permanecen sin identificar durante años en servicios forenses saturados, convirtiendo la fosa clandestina en apenas el primer eslabón de una cadena de abandono institucional.
Una crisis que el Estado no logra medir
Las cifras sistematizadas por organizaciones como Data Cívica y Artículo 19 México, junto con la Universidad Iberoamericana, revelan que el problema no es solo la existencia de fosas, sino la incapacidad estructural para registrarlas, investigarlas e integrarlas en una política pública coherente.
Después de 18 años, no existe un registro único, confiable y público. Cada fiscalía cuenta una historia distinta y cada cifra reduce o amplía la tragedia según su origen. En ese vacío, la sociedad civil y la prensa han terminado por suplir funciones básicas del Estado: contar a los muertos.
Cuando el horror envejece y deja de escandalizar
Lo más alarmante no es únicamente el número de fosas ni la extensión territorial del fenómeno, sino que ha envejecido sin resolverse. Dieciocho años de entierros clandestinos no han provocado rupturas políticas profundas, ni emergencias nacionales sostenidas, ni una respuesta proporcional a la magnitud del daño.
La fosa clandestina dejó de ser excepción. Se volvió rutina, una noticia recurrente que ya no detona crisis, sino actualizaciones.
Michoacán no enfrenta una crisis reciente. Enfrenta 18 años acumulados de muerte clandestina, desaparición forzada e impunidad. Cada fosa es un archivo sin abrir, cada cuerpo una pregunta sin respuesta.
Mientras ese periodo siga creciendo sin verdad ni justicia, el suelo seguirá hablando.
Porque en Michoacán, desde hace casi dos décadas, la tierra guarda más memoria que las instituciones.
