Harfuch presume guerra total contra el crimen en Michoacán: 2.5 mil soldados desplegados, estupefacientes incautados y detenciones récord

Morelia, Mich., a 30 de noviembre de 2025.- Cuando Omar García Harfuch subió al podio, el aire de la sala se cargó de cifras que pintan un mapa de guerra. Expuso que en Michoacán fueron desplegados 2,514 elementos federales — soldados, marinos, Guardia Nacional, policías especializados — como parte de un esfuerzo masivo para retomar el control del estado. Esa presencia no es simbólica: es la materialización del poder del gobierno contra lo que considera fuentes de violencia estructural.

Desde octubre de 2024 hasta mediados de noviembre de 2025, dijo Harfuch, Michoacán y otras zonas bajo su radar han visto cómo 932 personas fueron detenidas por delitos de alto impacto. Esa cifra evidencia que la ofensiva no se limita a golpes aislados, sino a un barrido sistemático de estructuras criminales. En ese periodo también se confiscaron 23 toneladas de droga y 924 armas de fuego, mientras 17 laboratorios dedicados a la producción de metanfetaminas quedaron destruidos. La dimensión de estos números sugiere que lo que está en juego no es solo la seguridad ciudadana, sino la reconquista del territorio por parte del Estado.

Y la guerra no se libra únicamente contra narcos: el gobierno puso en el centro la batalla contra la extorsión. Con un despliegue armado, operativo y de inteligencia, se detuvieron 478 personas por este delito — 180 de ellas en Michoacán — lo que apunta a que el problema de la extorsión, que afecta a ciudadanos y comercios, será un blanco clave de la estrategia estatal. Para ello se abrió una subsede de la Unidad Antiextorsión y se fortaleció el sistema telefónico de denuncias (089), entrenando a sus operadores en manejo de crisis y negociación, con la intención de desactivar extorsiones en tiempo real.

Los operativos han golpeado de forma directa a estructuras criminales. Se arrestó a personas identificadas como operadores logísticos, distribuidores de droga, extorsionadores y generadores de violencia; también vinculadas con asesinatos de alto perfil y secuestros. La detención de personas como “Pedro ‘N’”, señalado como un eje de violencia, o “El Licenciado”, implicado en el homicidio del alcalde Carlos Manzo, envía un mensaje claro: ningún miembro de los cárteles ni colaboradores locales están fuera del alcance de la justicia.

Recientemente, en una operación marítima en las costas de Michoacán, se incautaron 2.5 toneladas de cocaína en 87 bultos. En otro operativo, elementos federales interceptaron un tractocamión que transportaba más de cinco toneladas de sustancias químicas y casi 20 mil litros de precursores químicos utilizados para la producción de drogas sintéticas. Estas acciones demuestran que el gobierno no sólo ataca al crimen visible, sino que busca desmantelar sus cimientos logísticos y financieros.

Durante los operativos del denominado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, aplicados entre el 10 y el 26 de noviembre, se reportaron 134 detenciones adicionales y el aseguramiento de 425 kilos de metanfetamina, junto con armas, explosivos, vehículos y equipo táctico. Cada uno de estos golpes, reforzó Harfuch, reduce la capacidad operativa, de financiamiento y logística de los grupos delictivos.

Al final, su mensaje fue claro, contundente: Michoacán deja de ser un laboratorio de violencia para convertirse en territorio reclamado por el Estado. Con decenas de detenidos, toneladas de droga, armas decomisadas y laboratorios destruidos, el gobierno pretende demostrar — con hechos, no promesas — que la seguridad en Michoacán es una prioridad nacional. Pero sobre todo, deja un mensaje a los cárteles y a quienes detentan el poder de fuego: aquí no hay tregua.