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MensajearMorelia, Mich., a 3 de noviembre de 2025.- La ejecución del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, no sólo exhibió la vulnerabilidad en la que operan los gobiernos municipales en Michoacán, sino que destapó una crisis de gobernabilidad que el Estado no ha logrado contener. Tras el atentado contra el edil el pasado 1 de noviembre, las protestas ciudadanas derivaron en disturbios, incendios, destrozos a edificios públicos y enfrentamientos policíacos que se han extendido por tercer día consecutivo en distintos puntos de la entidad.
Lo que inició como un reclamo social por el asesinato de un presidente municipal —quien había denunciado públicamente amenazas, inseguridad y falta de apoyo estatal— terminó por convertirse en una cadena de manifestaciones violentas que revelan la fragilidad institucional del gobierno encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla.
Uruapan: vandalismo, estaciones del teleférico atacadas y tensión constante
En Uruapan, la indignación por el homicidio de Manzo detonó marchas que rápidamente derivaron en disturbios. Manifestantes vandalizaron al menos dos estaciones del teleférico en construcción —un proyecto que el propio alcalde había clausurado meses atrás en protesta por la inseguridad— y encendieron puntos de fuego en su interior, obligando a corporaciones estatales a blindar la zona.
Durante los enfrentamientos, se registraron daños a infraestructura urbana y bloqueos que paralizaron varias colonias. La Guardia Civil tuvo que resguardar cinco estaciones del proyecto ante el temor de incendios mayores.
La ciudad, ya golpeada por años de violencia ligada al crimen organizado, experimentó uno de los episodios de mayor tensión reciente.
Morelia: segundo día de disturbios y detenciones
En la capital michoacana, las protestas se salieron de control durante el segundo día consecutivo. Marchas inicialmente pacíficas derivaron en choques con elementos policiacos, uso de gas lacrimógeno y confrontaciones que terminaron con varios detenidos.
El Congreso del Estado y el Palacio de Gobierno sufrieron daños; pintas, cristales rotos y actos de vandalismo se multiplicaron en el Centro Histórico, mientras el gobierno estatal insistía en “no criminalizar la protesta”, aun cuando las propias autoridades confirmaron la detención de manifestantes por agresiones y disturbios.
Las imágenes de Morelia —con enfrentamientos, policías replegando a manifestantes y nubes de gas lacrimógeno frente a edificios oficiales— reforzaron la percepción de un Estado incapaz de anticipar la escalada del conflicto.
Apatzingán: Palacio Municipal incendiado y caos en la región
En Apatzingán, las protestas fueron aún más extremas. Manifestantes ingresaron al Palacio Municipal, provocaron destrozos e incendiaron mobiliario y áreas del edificio. También se reportaron daños a altares de Día de Muertos colocados por el ayuntamiento, lo que incrementó la tensión social.
Los actos violentos se prolongaron hasta la noche y obligaron al despliegue de fuerzas estatales y federales, aunque, nuevamente, sin un control pleno de la situación.
Un gobierno estatal rebasado
Las críticas hacia la administración estatal crecieron de manera proporcional al caos. Primero, por el asesinato del alcalde de Uruapan, ocurrido a pesar de su esquema de seguridad reforzado. Luego, por la falta de contención inicial que permitió que el descontento social escalara a niveles de violencia que alcanzaron tres municipios clave.
Colectivos ciudadanos, líderes sociales e incluso legisladores locales han señalado que la respuesta del gobierno ha sido tardía, reactiva y limitada. Aseguran que, tras la ejecución del alcalde, el Estado no logró establecer un corredor de comunicación ni medidas de contención para evitar que la indignación se transformara en vandalismo y destrucción.
La viuda del alcalde, Grecia Quiroz, llamó públicamente a protestas pacíficas, pero el eco de sus palabras no logró compensar el vacío institucional que dejó la ausencia de una estrategia clara de parte del gobierno estatal.
Una crisis que apenas comienza
El homicidio del alcalde Manzo —un edil que había confrontado la inseguridad y denunciado amenazas— se convirtió en el catalizador de una crisis que alcanzó a Uruapan, Morelia y Apatzingán. La falta de anticipación, contención y comunicación por parte del gobierno de Michoacán ha dejado al descubierto un escenario de ingobernabilidad que podría agravarse si no se implementan medidas urgentes.
Mientras tanto, la ciudadanía continúa exigiendo justicia, respuestas y acciones que hasta ahora, acusan, no han llegado.
