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MensajearTijuana, BC., a 26 de mayo de 2025.- Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California por el partido Morena, se encuentra bajo escrutinio público tras revelaciones sobre una lujosa propiedad en San Diego, California, presuntamente vinculada a su círculo cercano y la cual habría habitado recientemente junto con su familia, hasta antes de perder sus visas al ser revocadas por el Gobierno de los Estados Unidos. La controversia gira en torno a la adquisición del inmueble por parte de INTL Builders Inc., una empresa registrada en la Unión Americana, pero que no tiene operaciones comerciales en ese país.
De acuerdo con información pública, INTL Builders Inc., cuya razón social indica actividad comercial en la venta de persianas al mayoreo, compró una mansión por 3.99 millones de dólares, una cifra que supera en más de un millón de dólares el valor fiscal del inmueble, fijado en 2.92 millones. La transacción no muestra rastros de financiamiento bancario, hipotecas ni líneas de crédito, lo que ha generado cuestionamientos sobre el origen de los fondos utilizados.
La empresa está vinculada a Gustavo Fimbres, empresario con presuntos vínculos con actores políticos de Baja California. Sin embargo, INTL Builders no presenta evidencia de actividad económica o infraestructura operativa en Estados Unidos, lo cual ha despertado alertas en círculos de fiscalización por posibles irregularidades de carácter patrimonial.
El inmueble fue revendido un año y medio después por 4.5 millones de dólares, generando una ganancia superior al millón, en una operación que no ha sido explicada públicamente por sus protagonistas. Fotografías compartidas en redes sociales muestran a la gobernadora y a su esposo, Carlos Torres Torres, al interior de la propiedad, lo que ha llevado a algunos analistas y medios a vincular la residencia con la pareja, aunque legalmente no figuran como propietarios ni existe una relación financiera directa con la empresa compradora.
En medio del creciente interés mediático, la gobernadora ha negado cualquier vínculo con actividades ilícitas y ha asegurado que las acusaciones son parte de una campaña de desprestigio en su contra.
